San Vicente del Caguán EFE El futuro de miles de hectáreas de tierra se ha empezado a definir en Colombia a la par de las negociaciones de paz del Gobierno con las FARC, mediante la evaluación de la propiedad de extensas zonas que pueden quedar en manos de campesinos en un escenario de postconflicto.
Desde hace tres años, la Superintendencia de Notariado y Registro y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) iniciaron un inventario de los predios en Colombia, un país con 1,1 millones de km² de superficie continental, que incluye selvas, sabanas, vastas zonas cultivables y costas sobre el Pacífico y el mar Caribe.
En “este país la guerra ha sido por tierra”, dijo a EFE el superintendente de Notariado, Jorge Enrique Vélez, al dimensionar la importancia de este tema que incluso encabeza la agenda que el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) negocian desde 2012.
Para alimentos. Vélez, quien el sábado encabezó un recorrido por una de las nueve fincas recién recuperadas por el Estado entre los departamentos de Meta y Caquetá (centro-sur), señaló que Colombia tiene la responsabilidad de ser uno de los seis países en el mundo “con la mayor reserva de tierras para comida” y defendió la decisión de asumir los predios baldíos.
En esa zona selvática, colindante con la antigua zona desmilitarizada en 1998 por el entonces presidente Andrés Pastrana (1998-2002) para los fallidos diálogos que en ese entonces sostuvo con las FARC, se recuperaron, con información suministrada por el Ejército, 279.189 hectáreas.
El mismo presidente colombiano, Juan Manuel Santos, anunció el 17 de julio la recuperación de estos terrenos, en una operación considerada como “la mayor incautación de predios ilegalmente ocupados por las FARC en toda la historia”.
Se determinó que los terrenos, valorados en unos 163 millones de dólares y aptos para la ganadería y la agricultura, eran baldíos y estaban siendo ocupados indebidamente, por lo que se procedió a una “restitución por seguridad” aunque sus habitantes permanecen en el lugar.
En una de las fincas, denominada El Baldío, Pedro Rodríguez, un campesino de 68 años, vive junto a su esposa, Mercedes, y su hija Kelly, y se dedica al cuidado del ganado y los bienes de su cuñado, aunque no reveló el nombre de la persona.
Vélez detalló que estas fincas tenían en común las “grandes inversiones en la tierra” y en ganado, lo que llevó a las autoridades a iniciar la investigación en la que se determinó que no tienen títulos de propiedad.
En el total recuperado hay otras ocho fincas, incluida La Marulanda, donde, según la prensa local, pernoctaba el fallecido fundador de las FARC, Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda Vélez.
“Estamos haciendo un trabajo más allá de lo que se da en el diálogo. Lo que sí es claro es que toda esta tierra va para el posconflicto y esa tierra va para los campesinos”, apuntó Vélez.
Tierras para la paz. Recordó que en el acuerdo sobre el tema agrario al que llegaron el Gobierno y las FARC, se acordó la creación de un Fondo de Tierras para la paz, previo proceso de formalización de la propiedad.
“Solamente hemos revisado el 60% del país y ya tenemos identificadas jurídicamente dos millones y medio de hectáreas, pueden ser cuatro o cinco millones de hectáreas”, añadió Vélez.
Detalló que el estudio abarca “todo el territorio” y ya han avanzado en zonas como Urabá (noroeste) , Vichada (este), Cauca y Nariño (suroeste).
“Recuperar tierras en medio del conflicto es muy difícil, porque esto significa peligro para todos y aquí nos jugamos la vida, pero también estamos conscientes de cuál es la responsabilidad que tenemos para que este país sea viable”, concluyó Vélez.