Sao Paulo
La presidenta brasileña Dilma Rousseff enfrentará, posiblemente, un juicio político en el Congreso.
El proceso se presenta cuando la opinión pública está furiosa en medio de la recesión económica más profunda de las últimas décadas y el escándalo de sobornos en la petrolera estatal Petrobras.
¿De qué acusan a Rouseff?
Rousseff está acusada de violar las leyes fiscales al trasladar fondos oficiales a fines distintos de los asignados antes de su campaña de reelección de 2014. Los partidos opositores dicen que las maniobras contables le permitieron elevar el gasto público para obtener votos. Rousseff niega haber cometido delito alguno. Además, sostiene que no se la acusa de un delito, lo cual debería ser la base de un juicio político
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¿En qué estado se encuentra el proceso?
Una comisión especial de la Cámara de Diputados aprobó el informe que recomienda abrir el juicio de destitución. La decisión fue aprobada por 38 votos a favor y 27 en contra.
Ahora el debate pasa a la Cámara de Diputados. Si al menos 342, dos tercios, de los 513 legisladores votan a favor del juicio político, el caso pasa al Senado. Si una mayoría simple vota a favor del juicio, Rousseff quedará suspendida y el vicepresidente Michel Temer será presidente interino. Si entonces 54 de los 81 senadores votan por impugnar a Rousseff, esta será destituida y Temer cumplirá el resto de su periodo, que finaliza el 31 de diciembre de 2018.
¿Cómo caracterizan la situación los partidarios del Gobierno y los opositores?
Los partidarios dicen que es un golpe de Estado porque Rousseff no está acusada de delito alguno. Dicen que la clase dominante tradicional está aterrada por la movilización social desatada por el Partido de los Trabajadores, o PT, que lleva más de 10 años en el poder, y quiere aprovechar la oportunidad para recuperar el Gobierno. Los opositores dicen que el movimiento de fondos fue ilegal al tiempo que intentó ocultar los problemas que padecía la economía más grande de Latinoamérica. Rechazan la acusación de golpismo porque el juicio político está contemplado por la Constitución brasileña.
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¿Quién impulsa el juicio político?
A la cabeza está el némesis de Rousseff, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, acusado de aceptar sobornos en el escándalo Petrobras, algo que él niega. Pero legisladores de una decena de partidos, desde el centrista Partido Socialdemócrata hasta el derechista Demócrata, apoyan el juicio político.
¿Qué tiene que ver con esto el expresidente Lula?
Rousseff pidió a Lula da Silva, su antecesor y mentor, que utilice sus destrezas como negociador para ayudarla a evitar el juicio político. Designó a Lula como jefe de gabinete. Los partidarios dicen que el nombramiento la ayudará a estabilizar la difícil situación. Los detractores dicen que es un intento flagrante de impedir el procesamiento de Lula, quien a principios de marzo fue detenido e interrogado por la policía con relación a Petrobras. Los miembros del gabinete solo pueden ser investigados o juzgados por la Corte Suprema. Lula no ha sido acusado y niega haber cometido delito alguno.
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