El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ordenó este jueves el cierre de una cárcel especial para 10 militares en retiro condenados por violación de los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet, en la que gozaban de mayores privilegios.
El gobierno "ha tomado la decisión de cerrar el Centro Penitenciario Cordillera y trasladar a los internos que están en este centro, y que son 10 personas, al Penal Punta Peuco", otra cárcel especial pero con un régimen más estricto, dijo Piñera desde el Palacio de La Moneda.
Según el mandatario, con esta decisión se está "satisfaciendo tres principios que deben regir en todos los actos del gobierno: la igualdad ante la ley, la seguridad de los internos y el mejor y más eficiente funcionamiento de gendarmería (policía de prisiones) de Chile".
El penal Cordillera, una antigua casa de veraneo transformada en recinto penitenciario en el 2004, alberga en total a 10 reos, uno de ellos Manuel Contreras, director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), la temida policía política que operó en los años más sangrientos de la dictadura, y quien acumula cientos de años de cárcel por sucesivas condenas por secuestros, ejecuciones y torturas.
La decisión de Piñera, el primer presidente de derecha en dos décadas en Chile, se da tras la reciente conmemoración de los 40 años del golpe de Estado que instauró la dictadura de Pinochet (1973-1990) y una entrevista que concedió Contreras a varios medios, en la que se jactó de las condiciones en que cumplía su condena y negó todos los cargos en su contra.
Condiciones de privilegio. Los diez internos eran controlados por 35 gendarmes y vivían en cinco cabañas en medio de áreas verdes, con baño privado, agua caliente, bastante luz natural y equipadas con electrodomésticos.
Reciben dietas diferenciadas dependiendo de sus requerimientos de salud, tienen acceso a música, ratio, televisión, y contacto permanente con sus familias, según un reciente informe de la fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago, María Loreto Gutiérrez.
La situación de los reos militares contrasta con la del resto de la población penal chilena, de 53.000 reclusos, con una tasa de hacinamiento que supera el 70%.