Perú afronta un verdadero caos político y social desde que el exmandatario Pedro Castillo intentó un autogolpe de Estado, el pasado 7 de diciembre, cuando acumulaba 17 meses en el poder.
Castillo se encuentra detenido desde ese día, luego de ser destituido por el Congreso. A partir de ese acontecimiento, detonaron una serie de protestas por parte de indígenas y campesinos que piden la liberación del exmandatario y el adelanto de elecciones para elegir un nuevo presidente.
En medio de la crisis, Amnistía Internacional considera que las autoridades, lideradas por la presidenta interina, Dina Boluarte, están mostrando un racismo sistémico al atacar a los manifestantes en las calles de Lima y otras ciudades del Perú.
“(Las comunidades) son quienes están pagando el precio más alto de una crisis político institucional que no termina de resolverse por la falta de voluntad de todos los poderes del Estado. Para nosotros queda claro que hay sesgo racial. Por ejemplo, durante una manifestación personas indígenas fueron reprimidas.
”Lo vimos en la Universidad de San Marcos donde más de 500 policías desalojaron forzosamente a 190 personas que se encontraban alojadas en las residencias universitarias”, lamentó Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional en conversación con La Nación.
Guevara sostuvo que la organización también tiene testimonios de personas que, a pesar de encontrarse alojadas en hostales o en pequeños hoteles privados, fueron perseguidas y sacadas forzosamente de donde se encontraban, “como si las personas indígenas no tuvieran el derecho de ir a Lima, donde están todos los poderes del Estado, a demandar a sus autoridades la rendición de cuentas”
Perú tiene más de 33 millones de habitantes. De ellos, 4 millones son indígenas, conforme a datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística e Informática publicado en 2021. Es decir, que cerca de un 12% de sus habitantes tienen sangre aborigen.
De hecho, ese país suramericano es uno de los que cuenta con mayor diversidad cultural y étnica. Mediante el Censo de Población y Vivienda del año 2017 se pudo determinar la existencia de 55 pueblos indígenas, de los cuales 51 son amazónicos y cuatro, andinos.
El sur andino es donde están concentradas, en su mayoría, las poblaciones indígenas y campesinas. Precisamente, en esa región se ha visto en forma reciente un aumento de manifestaciones, porque el Estado no ha dado respuesta a las demandas de estas comunidades que exigen un cambio en el sistema político.
Uso ilegítimo de fuerza letal
Amnistía Internacional realizó una serie de investigaciones para conocer cuál es el verdadero panorama en Perú. Según Guevara, el principal hallazgo es que las autoridades hacen un uso ilegítimo de la fuerza letal. Esta infomación fue compartida con Boluarte.
“Yo le he dejado muy claro a la presidenta que la posición de Amnistía Internacional es que el Estado, de manera intencional, no ha sabido distinguir lo que puede ser un grupo de individuos que ejercen actos de violencia dentro de una movilización social, donde el resto de la población simplemente está ejerciendo legítimamente su derecho a la protesta.”, explicó.
Según los estudios, las fuerzas de seguridad utilizan armas de fuego para atacar de manera generalizada a la población. Amnistía considera que “el Estado se defiende bajo la narrativa de que las fuerzas de seguridad, tanto militares como policiales, responden así porque se han enfrentado con personas que vienen armadas, pero la evidencia demuestra lo contrario”.
Guevara sustentó esta tesis con un caso muy sonado en los últimos días, cuando 48 personas que se manifestaban de manera pacífica fueron asesinadas a manos de fuerzas de seguridad. Todas eran personas jóvenes, de entre 14 y 24 años.
Las manifestaciones en las diferentes provincias de Perú ya suman 60 muertos y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) le pidió explicaciones a la presidenta Boluarte por estos hechos, ya que los análisis forenses confirmaron que las causas de estos decesos fueron las heridas de bala.
Del total de pérdidas humanas, 48 son civiles. También se contabiliza un policía asesinado y 11 personas fallecidas en situaciones relacionadas con las protestas, según datos de la Defensoría del Pueblo, en Perú. Además, se reportaron 1.300 heridos.
Ante los resultados de la investigación, Amnistía solicitó a las autoridades peruanas tomar acciones para cambiar las tácticas utilizadas para el control de protestas, dejando claro que los derechos internacionales prohíben el uso de armas letales para contenerlas.
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Además, pidió al Gobierno encontrar mecanismos de diálogo para poder conciliar y crear un espacio donde se puedan escuchar las demandas de la población que utiliza las protestas para hacer escuchar sus opiniones y necesidades. Lamentablemente, según aseguró, el Estado no ha reaccionado.
“La respuesta del Estado, particularmente del Poder Ejecutivo, bajo el mando de la presidenta Boluarte es muy limitada. Ella había dicho que estaba esperando el resultado de las investigaciones, pero mientras esperan el resultado, la Policía sigue armada, y siguen reprimiendo a quienes protestan”, agregó Guevara.
Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, instó a las autoridades peruanas a que las manifestaciones se puedan realizar de forma pacífica.
De igual manera, Naciones Unidas Perú se manifestó a inicios de enero 2023, pidiendo a los manifestantes y a las organizaciones sociales abstenerse de actos de violencia, para que puedan ejercer su derecho a la protesta de manera pacífica, respetando la vida y la propiedad pública y privada.”