Madrid. AFP y Redacción. La condena del juez español Baltasar Garzón a 11 años de inhabilitación para ejercer su cargo por ordenar escuchas ilegales en una investigación de corrupción, desató protestas en España de activistas de derechos humanos y la condena de organizaciones internacionales.
Seguidores de Garzón estaban furiosos con el Tribunal Supremo que consideró que Garzón era culpable en un caso que implica a importantes hombres políticos españoles. Ninguno de los acusados en ese caso recibió condena.
En cambio, la inhabilitación del juez de 56 años puso fin a su carrera de magistrado. No obstante, rechazó “frontalmente” la condena y anunció que recurrirá la sentencia que, a su juicio, “elimina toda posibilidad de investigar corrupción”.
El alto tribunal halló culpable de prevaricación a Garzón porque ordenó interceptar conversaciones que mantuvieron en prisión los presuntos cabecillas de una trama de corrupción con sus abogados, conocida como “ caso Gurtel ” , que afecta a antiguos altos cargos del Partido Popular (el actual partido gobernante) y sus abogados.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, dijo que el Gobierno tiene “el más absoluto respeto por las decisiones que adoptan los magistrados en este caso”.
La jefa del gobierno regional de Madrid, Esperanza Aguirre, miembro del Partido Popular dijo más.
Es un día “muy alegre para España y la democracia. ¿Sabe por qué? Porque los fines, y no dudo que los fines de Garzón sean loables, los fines no pueden justificar los medios y esa es la base del Estado de derecho”, explicó.
Unos 600 manifestantes confluyeron en la Puerta del Sol de Madrid, al condenar la decisión y brindar apoyo al jurista conocido en el mundo porque intentó extraditar desde Londres en 1998 al exdictador chileno Augusto Pinochet.
Mal precedente. La molestia contra el fallo tuvo eco internacional.
Grupos de derechos humanos de todo el continente repudiaron lo ocurrido, en tanto la organización argentina Madres de la Plaza de Mayo confirmó ayer la presentación de un hábeas corpus a favor de Garzón ante la Corte Europea de Derechos Humanos.
Pedro Nikken, presidente de la Comisión Internacional de Juristas, comentó que la combinación de casos en contra de Garzón dejan pensar que habría una campaña en su contra.
Además de esta condena , Garzón espera el veredicto por cargos de abuso de poder en una investigación sobre las atrocidades cometidas durante la dictadura de Franco a pesar de una amnistía.
Roberto Cuéllar, director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, consideró la de ayer “una jornada luctuosa” para la defensa de los derechos humanos.
Cuéllar, quien ayudó a gestionar la visita de Garzón a Costa Rica en agosto del 2011, considera el falló decepcionante para la credibilidad de la Justicia española.
“Es un mensaje francamente no solo desafortunado, sino decepcionante porque le envía una señal de escarmiento a cualquier juez que se atreva a investigar la corrupción; uno de los dos males junto a la impunidad, que han ido dañando los pocos avances democráticos logrados en Latinoamérica”, sostuvo, ayer, Cuéllar.