Panamá. AFP. La condena a seis meses de prisión y destitución de la fiscala general panameña, Ana Matilde Gómez, por abuso de autoridad, desató una tormenta política en el país y algunos acusan al gobierno de Ricardo Martinelli de estar detrás de la decisión judicial.
Una corte superior condenó el miércoles a Gómez y la sacó del cargo, del que estaba suspendida desde febrero, en estrecha votación de 5 a 4, en la que magistrados nombrados por gobiernos de derecha votaron a favor y los designados por socialdemócratas en contra.
Para evitar la prisión, Gómez puede pagar una multa de $4.000, algo que descartó ayer aduciendo que “es más digno ir a la cárcel que pagar dinero”, al alegar que la condena obedece a presiones del gobierno derechista de Martinelli.
“Este es un acto político manejado directamente desde el Ejecutivo. Lo sabe todo panameño que tenga uso de razón”, dijo el analista Miguel Antonio Bernal, catedrático en derecho constitucional.
A las críticas por esta sentencia se sumaron ayer todos los diarios de la capital panameña.
“Si hay un responsable de esta patraña legal en contra de una funcionaria que no hizo otra cosa que cumplir con su deber, ese es el Presidente de la República”, dijo en su editorial el diario La Prensa, que afirmó que Martinelli está “hambriento de un poder desmedido”.
La afectada también culpó a Martinelli de impulsar la condena, que además la inhabilita cuatro años para ejercer cargos públicos.
El Gobierno negó toda injerencia sobre la Justicia, pero la exfiscala afirmó que sus problemas empezaron cuando rechazó una petición de Martinelli de abrirles causas a tres expresidentes: Ernesto Pérez Balladares (1994-1999), Mireya Moscoso (1999-2004) y Martín Torrijos (2004-2009).
“Martinelli me invitó a un almuerzo donde me preguntó delante de su ministro de Gobierno y Justicia (José Raúl Mulino) y el canciller (Juan Carlos Varela) si yo me atrevía y tenía el valor de meter a los expresidentes presos”, refirió Gómez .
“Allí le expliqué a Martinelli que a Torrijos no lo podía investigar mientras fuera miembro del Parlacen (Parlamento Centroamericano) y que a los otros dos no era un tema de valentía, sino de pruebas. Y desde allí empezaron nuestras confrontaciones”, aseguró.
Gómez había sido designada en el 2005 por Torrijos (socialdemócrata) para un período de 10 años.
El secretario de Comunicación del Gobierno, Alfredo Prieto, sostuvo que “el órgano judicial es responsable de sus fallos y ni el órgano ejecutivo ni el Presidente tienen nada que ver en la condena.
En Panamá “hay una total división de poderes” y Martinelli “no tiene ni más ni menos poderes que han tenido el resto de presidentes que son los que le da la Constitución y la ley”, enfatizó Prieto.
La causa contra Gómez se originó por denuncias de que ordenó intervenir, sin orden judicial, el teléfono de un subalterno sospechoso de recibir sobornos. Gómez admitió que dio tal orden, pero que esa era práctica usual en la Fiscalía desde antes de que ella asumiera.