Tegucigalpa. AFP. La Comisión de Verdad y Reconciliación designada por el presidente de Honduras, determinó que Manuel Zelaya fue apartado del poder en el 2009 por un golpe de Estado y no una sucesión constitucional, pero le achacó parte de la responsabilidad por violar “varias leyes”, señala un informe del grupo divulgado ayer. La Comisión, que inició su labor en abril del 2010, reprochó a Zelaya su injerencia en los demás poderes del Estado y destacó que la crisis que derivó en su derrocamiento comenzó meses antes por sus disputas con el Congreso.
“Los comisionados podemos afirmar que los procesos seguidos contra el presidente Manuel Zelaya fueron un golpe de Estado”, dijo el coordinador de la Comisión, el exvicepresidente guatemalteco Eduardo Stein, al divulgar el informe ante el presidente hondureño, Porfirio Lobo, y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza.
“Se da un golpe de Estado cuando han ocurrido cuatro elementos: que la víctima sea el presidente; que el perpetrador del golpe haya ejercido violencia; que las acciones que conforman el golpe sean abruptas, repentinas y rápidas; y que la acción se produzca en clara violación del procedimiento constitucional para la destitución del presidente”, expresó Stein.
“Lo ocurrido tiene las cuatro características de un golpe de Estado en contra de Zelaya”, dijo Stein.
Zelaya fue detenido en su casa y expulsado la madrugada del 28 de junio del 2009 en una operación militar que contó con el aval de la Corte Suprema y el Congreso.
Intentaba realizar ese día una consulta popular (declarada ilegal por la Justicia y el Congreso) para cambiar la Constitución y así buscar un nuevo mandato.
“La expulsión de Zelaya fue tanto responsabilidad de él mismo, como de los que lo sacaron”, afirmó Stein.
El Congreso hondureño nombró ese mismo día como nuevo presidente a su titular, Roberto Micheletti, quien dirigió durante siete meses un régimen de facto que nunca obtuvo reconocimiento internacional.
Micheletti, y otros líderes golpistas, siempre alegaron que Zelaya había sido depuesto mediante una “sucesión constitucional”, lo cual fue desestimado por la Comisión de la Verdad.
El informe de la Comisión, de 550 páginas, recomienda a Lobo pedir “perdón” a las víctimas del golpe pues afirma que hubo al menos 12 muertes en ese período y diversas violaciones a derechos humanos en el país.