Tegucigalpa. AFP. Diversos sectores, entre ellos la Iglesia católica de Honduras, clamaron ayer por la liberación del periodista Alfredo Villatoro, secuestrado el miércoles por desconocidos, en medio de una ola de inseguridad que golpea al país más violento de la región.
“Queremos solidarizarnos con los familiares de las víctimas de la violencia desmedida, y abrazamos fraternalmente a la familia del periodista Alfredo Villatoro”, expresó la Arquidiócesis de Tegucigalpa en una declaración.
“Condenamos con vehemencia el secuestro (...) Exigimos su aparición inmediata, con vida e ileso”, demandó, por su parte, el expresidente Manuel Zelaya desde República Dominicana donde se recupera de una cirugía de fémur.
Villatoro fue secuestrado presuntamente por pandilleros en la periferia de la capital de Honduras, considerado uno de los países más violentos del mundo, según estadísticas de Naciones Unidas, ya que al año se registran más de 86 homicidios cada 100.000 habitantes.
El presidente Porfirio Lobo manifestó que “la Policía está trabajando fuerte (...) a la espera de mejores resultados”.
El comunicador conduce el noticiero radial El Matutino en la emisora HRN de Honduras y, según la Policía, fue secuestrado cuando viajaba en su vehículo.
“Hemos condenado y repudiado ese secuestro, que sea para obtener un fin económico que es lo que se está percibiendo en este momento”, dijo Mignadania Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia.
El Observatorio tiene documentados 16 secuestros en el año que han trascendido a la prensa, pero Ayestas reconoce que la mayoría no son divulgados.
“Estamos como ciegos con estos acontecimientos, no tenemos información, pero son cosas alarmantes; lo cierto es que pareciera que hay un mensaje de miedo para la prensa en esa cultura de miedo que se está creando en todos los sectores”, declaró Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh). En un país azotado por la violencia, los periodistas han sufrido innumerables ataques en los casi tres años transcurridos desde el golpe de Estado de junio de 2009, y en 19 casos terminaron en homicidios –el último el lunes–, todos impunes.