El Congreso de El Salvador aprobó el pasado 26 de julio que los presuntos pandilleros detenidos sean procesados colectivamente, lo que implica que grupos de aproximadamente 900 reos enfrentarán un mismo juicio.
“Se ordena el sometimiento de varios imputados a un solo proceso penal debido a su pertenencia a una misma estructura terrorista o agrupación ilícita y a que fueron capturados dentro de la vigencia del régimen de excepción”, establece el decreto aprobado.
“No hay precedente similar en la historia mundial de lo que estamos enfrentando en este momento. Se presentan más de 900 imputaciones por clica (célula) en este decreto transitorio”, destacó el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
Por su parte, el vicepresidente del Congreso, Guillermo Gallegos, explicó que “mediante esta disposición, la Fiscalía no se verá obligada a presentar pruebas individuales en contra de los pandilleros durante un proceso judicial penal”.
“Esto facilitará tanto a la Fiscalía como a los tribunales el enjuiciamiento de los delincuentes pandilleros”, añadió el legislador oficialista.
Además, la Fiscalía podrá “emplear en un proceso judicial los mismos elementos de prueba contra un grupo de pandilleros cuando pertenezcan a una misma célula, operen en una misma zona geográfica o participen en un mismo acto delictivo”, agregó.
Esta “disposición transitoria” se aprobó con los votos de 67 diputados aliados del presidente Nayib Bukele, de los 84 que conforman la Asamblea Legislativa.
La norma también establece que los detenidos bajo el régimen de excepción pueden permanecer en prisión hasta 24 meses antes de que la Fiscalía los someta a juicio o ordene su liberación.
Ley Contra el Crimen Organizado
El estado de excepción, que permite detenciones sin orden judicial, fue instaurado tras una ola de violencia que dejó 87 muertos en marzo de 2022. El gobierno atribuyó esta violencia a las pandillas o maras.
La estrategia de Bukele para combatirlas elevó los niveles de seguridad en el país y cuenta con amplio apoyo ciudadano, pero es criticada por la Iglesia católica y organizaciones de derechos humanos. También fue cuestionada por la comunidad internacional.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, señaló en Twitter (ahora X) que si el enfoque se centra en “las medidas más extremas” y no en “temas de fondo”, es “pan para hoy y hambre para mañana”. Bukele respondió a esta crítica en la misma red afirmando que su gobierno “puede hacer dos cosas a la vez. Una buena estrategia de seguridad incluye la prevención y la represión directa del delito”. Añadió: “Qué difícil debe ser liderar un país teniendo tan poco sentido común”, en respuesta a su homólogo chileno.
Además, el Congreso reformó la Ley Contra el Crimen Organizado, aumentando las penas a hasta 60 años de prisión para aquellos considerados “autores mediatos” de un crimen. Villatoro señaló que “los líderes o cabecillas de pandillas son los que principalmente recibirán esa condena de 60 años, ya que son quienes ordenan crímenes” en estas bandas.
En marzo de 2022, el Congreso elevó la condena máxima por pertenecer a pandillas de nueve a 45 años de prisión. El diputado opositor Jaime Guevara, del izquierdista Frente Farabundo Martí, criticó la nueva norma al considerar que “solo busca resolver el colapso que tiene el sistema judicial debido a los miles de capturados en el régimen de excepción”, que suman casi 72,000.
Para la ONG Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), con estos juicios será “imposible” garantizar “un juicio justo y el derecho a la defensa”. Marcela Martino, directora adjunta para Centroamérica y México de Cejil, afirmó: “Esto nos hace preguntarnos si la posición y la política del gobierno es que se debe perseguir a las pandillas y a la criminalidad organizada, a costa del Estado de Derecho y la democracia”.
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El director ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, Miguel Montenegro, atribuyó a motivos electorales este decreto aprobado con los votos del oficialismo, que controla el Congreso.
La medida “obedece a una situación electorera que como ya nos acercamos a las elecciones, va dirigida a convencer a los que están dudando del gobierno”, concluyó Montenegro.
Las encuestas dicen que nueve de cada diez salvadoreños se sienten seguros con el régimen de excepción y apoyan la gestión del mandatario, quien aspira a ser reelegido en los comicios de 2024.