San Salvador. Según organizaciones defensoras de los derechos humanos, en su último informe presentado en el contexto del 75.° periodo de sesiones del Comité contra la Tortura, realizado el 17 y 18 de noviembre pasado, la Policía Nacional Civil (PNC) es responsable del 38% de muertes violentas durante el régimen de excepción.
El Servicio Social Pasionista (Sspas) recopiló la información sobre los enfrentamientos ocurridos entre agentes de seguridad pública con supuestos pandilleros a nivel nacional, desde el inicio del régimen de excepción, a finales de marzo, hasta octubre del 2022.
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“Nosotros documentamos, solo en el marco del régimen de excepción, que la Policía es responsable del 38,3% del total de muertes que han ocurrido en estos meses del régimen. Ese es un dato preocupante, ya que la Policía está haciendo uso excesivo de la fuerza letal”, dijo Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista (Sspas).
Agregó que estas situaciones se agravan cuando el Estado recurre a estrategias militares en labores de seguridad pública, “donde se buscan, al fin y al cabo, restringir derechos de la población”. Reyna detalló que la información recopilada proviene de publicaciones realizadas por la misma PNC en sus redes sociales. En ese recuento encontraron que, en 220 días del régimen de excepción hubo 101 enfrentamientos armados.
“De marzo a octubre de este año, en el país se registraron 101 enfrentamientos armados o intercambio de disparos, como los registra la Policía. Y en esos enfrentamientos murieron 80 supuestos pandilleros y tres policías”, indicó la representante de Sspas. “Esa relación de muerte es bastante alarmante, porque básicamente la Policía debería de estar registrando un menor número de personas que mueren a manos de agentes en estos enfrentamientos, debido al actual régimen”, añadió.
Un informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH), presentado a inicios de este año, reveló que durante el 2020, 29 personas perdieron la vida a causa del uso de la fuerza letal por cada agente de la PNC fallecido. El número de víctimas incrementó en el 2021 a 48 personas. Solamente en siete meses del 2022 las cifras detallan una relación de muertes violentas de 26 personas (presuntos pandilleros) por cada agente policial muerto en un enfrentamiento armado.
“Desde que se aplicó el régimen, la Policía reportó 209 homicidios y de estos se revelan 80 personas que murieron a manos de la Policía en esos supuestos enfrentamientos armados. Esa cifra representaba el 38,3% del total de las muertes violentas que se han registrado en este periodo. En otras palabras, la Policía está siendo responsable de casi un 40% de las muertes violentas que ocurren en todo el país”, reiteró Reyna.
En el informe presentado por las diez organizaciones destacaron que, en el marco de los 100 días de implementación del régimen de excepción, de acuerdo con publicaciones de la cuenta oficial de Twitter de la PNC, se registró un total de 46 muertes catalogadas por las fuerzas de seguridad pública como “terroristas” o “pandilleros” fallecidos y, generalmente, esas publicaciones fueron acompañadas por las expresiones “tras atacar a nuestros agentes” o “tras atacar a policías y soldados”.
De acuerdo con datos retomados por las organizaciones sobre enfrentamientos armados proporcionados por la PNC, establecieron que el índice de letalidad en estos enfrentamientos fue de: 2,32 (2018), 2,54 (2019), 1,40 (2020) y de 1,65 (hasta octubre del 2021).
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Respuesta del Comité contra la Tortura
El Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó el 25 de noviembre pasado las observaciones finales sobre el tercer informe periódico de El Salvador, en el cual mostró su preocupación sobre la presunta existencia de “escuadrones de la muerte” dentro de la PNC y de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), los cuales estarían realizando ejecuciones extrajudiciales.
El Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomendó al Estado investigar, de manera “pronta e imparcial”, todas las denuncias relativas a posibles ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, presentadas en contra de efectivos policiales y personal militar en labores de seguridad pública. El abogado constitucionalista Francisco Bertand Galindo advirtió la semana pasada de que durante el régimen de excepción se tiene la percepción que existe un mensaje de “voy con fuerza”, en relación a las actuaciones de los cuerpos de seguridad que ocupa el gobierno.
“El estado de excepción manda un mensaje de: ‘voy con la fuerza’, pero existe otro importante que le mandan a la fuerza pública y les dicen: ‘puede actuar con fuerza’ y la fuerza pública actúa con la confianza de que no le van a aplicar juicio”, aseguró el especialista. El Comité de la ONU pidió al Estado que se investigue y que se castiguen las infracciones.
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