Tegucigalpa. Ascendió a 46 el número de mujeres muertas tras el incendio ocurrido el martes en una prisión de Támara, al norte de Tegucigalpa. La tragedia, ocurrida a raíz de un enfrentamiento entre pandillas, pone sobre el tapete las políticas de seguridad contra el flagelo de los grupos criminales y las condiciones de detención en el país centroamericano.
Con El Salvador y Guatemala, Honduras forma parte del denominado “Triángulo de la muerte”, plagado de pandillas o maras que controlan el tráfico de drogas y el crimen organizado.
El martes 20 de junio, 46 presas perdieron la vida luego de que reclusas de la pandilla Barrio 18 irrumpieron disparando en el edificio donde se ubicaban sus rivales de la Mara Salvatrucha y posteriormente le prendieran fuego.
Lo ocurrido en Honduras, uno de los países con mayor nivel de violencia penitenciaria que totaliza más de mil muertos en 20 años, no es algo sorpresivo.
“En abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya advirtió de los altos niveles de corrupción en el sistema penitenciario y de la entrada de armas, de la falta de seguridad dentro de las prisiones”, explica a RFI César Muñoz, director asociado para las Américas de Human Rights Watch (HRW).
Hacinamiento
La presidenta Xiomara Castro anunció medidas drásticas, entre ellas destituir al ministro de Seguridad, Ramón Visión, y reemplazarlo por el director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez.
“Honduras vive una crisis penitenciaria y es necesaria una reforma amplia, no colocar parches”, comenta Muñoz. “Esa reforma tiene que atajar los problemas estructurales del sistema: uno de ellos es el hacinamiento. Hay el doble de personas en el sistema penitenciario hondureño que la capacidad de las prisiones. Los guardas no consiguen mantener la seguridad dentro. Las personas que están detenidas se ven forzadas en la práctica a integrar pandillas para protegerse”, detalla.
“Retomar el control”
Las prisiones son caldo de cultivo para las organizaciones criminales. “El Estado tiene que retomar el control y ofrecer condiciones dignas para que las personas cumplan su pena y para que se puedan reintegrar en la sociedad. Ese es el objetivo del sistema penitenciario”, concluye el portavoz de HRW.
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En diciembre pasado, la presidenta hondureña declaró un estado de excepción para enfrentar la violencia pandillera, algo que recuerda las medidas impuestas por el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador hace más de un año. Las acciones fueron menos espectaculares y no arrojaron claros resultados.