Managua. Un juez de Nicaragua dictó, el pasado sábado, 90 días de prisión a dos trabajadores del diario La Prensa, después de que fuesen detenidos por informar de la expulsión del país de las Misioneras de la Caridad.
Los trabajadores de dicho periódico se encuentran en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), según informó el propio medio, que añadió que se desconocen los motivos de la acusación. Agentes de la Policía acudieron, de hecho, a la vivienda de la reportera que realizó la cobertura y allanaron la casa de un fotógrafo del periódico.
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El periódico solicitó la liberación de sus trabajadores: “La Prensa exige el respeto a las leyes, la liberación de los detenidos y el cese de la persecución del personal del diario que únicamente realiza su trabajo, sin cometer delito alguno”. Al mismo tiempo explicó que esa medida es la respuesta a la cobertura que el medio había realizado sobre la expulsión a Costa Rica de cerca de una veintena de misioneras religiosas de la orden Misioneras de la Caridad.
El Gobierno de Nicaragua, dirigido por Daniel Ortega, ejecutó el miércoles pasado la expulsión de 18 monjas, hecho que encontraría justificación en la deriva que el Ejecutivo nicaragüense habría tomado en contra de la Iglesia al considerarla “opositora y golpista”, tal y como denunció Aleteia.
ONG confiscadas
Daniel Ortega habría ordenado la confiscación de siete organizaciones no gubernamentales (ONG) que habían sido previamente ilegalizadas, según confirmó el medio El Confidencial. Las organizaciones no gubernamentales que habrían denunciado la “invasión” de sus propiedades serían Operación Sonrisa, Centro Humboldt, Puntos de Encuentro, La Corriente, Cantera, CEPS, y ANIA.
Por otro lado, dos ONG adicionales —que han solicitado que no sean identificadas— fueron clausuradas, informó el citado medio. La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una ley en abril que endurece el control del Gobierno sobre estas organizaciones, después de que en los últimos meses Daniel Ortega haya ordenado cierres de organizaciones independientes apelando a supuestas irregularidades formales.
La Ley General de Regulación y control de Organismos sin Fines de Lucro deja a las ONG a merced del Ministerio de Gobernación, en quien recaen las competencias para introducir los requisitos de funcionamiento de las organizaciones y, por extensión, de la retirada de permisos. La medida afecta también a las ONG internacionales, según la propia Asamblea.
El oficialismo controla la Asamblea Nacional, gracias a lo cual ha logrado sacar adelante leyes a medida de los criterios del Gobierno de Daniel Ortega. Tanto la oposición interna como organismos internacionales han alertado de la creciente presión sobre entidades independientes, si bien las autoridades han justificado los cierres de ONG y de universidades en virtud de argumentos administrativos.
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