Al cumplirse cuatro años de su llegada a poder en El Salvador, el presidente Nayib Bukele encara una creciente ola de cuestionamientos por violaciones de derechos humanos cometidas al amparo del régimen de excepción que implementó su gobierno, como parte de la lucha contra las pandillas.
Entre las voces que han alzado la voz contra los abusos cometidos contra personas detenidas en el marco de esta cruzada contra la violencia, figura una organización denominada Cristosal.
Un reciente informe emitido por dicha ONG denuncia la muerte de más de 150 personas que se encontraban bajo vigilancia del Estado, así como detenciones ilegales y la comisión de crímenes de lesa humanidad como torturas en las prisiones salvadoreñas.
“En El Salvador, el gobierno de Bukele está aplicando un populismo punitivo que es especialmente autoritario y que está dispuesto a cometer las peores violaciones a derechos humanos”, aseguró David Morales, jefe de Justicia Transicional de Cristosal, en una entrevista con La Nación.
Morales aseguró que las investigaciones permitieron establecer que hay personas que permanecen detenidas bajo condiciones de tratos crueles, inhumanos y degradantes. A continuación, un extracto de la entrevista con este medio:
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- ¿Cómo se vislumbra el futuro de la sociedad salvadoreña, tomando en cuenta lo sucedido en el último año?
- “No es un panorama alentador porque el régimen de excepción de alguna manera ha generado réditos electorales de apoyo popular en el gobierno. Esto es muy común, no solo en El Salvador sino en muchos países porque se trata de una expresión de lo que se llama populismo colectivo.
“Se usa el sistema penal con discursos ambiguos sobre persecución a la delincuencia, que en el caso de El Salvador ahora es el concepto de guerra contra las pandillas, y este tipo de discursos que habla de penas severas, que ataca a personas defensoras de derechos humanos como amigos de la delincuencia, son comunes en América Latina.
“Pero en El Salvador el gobierno de Bukele está aplicando un populismo punitivo que es especialmente autoritario y que está dispuesto a cometer las peores violaciones a derechos humanos”.
- ¿Qué definen como estado de excepción y por qué representa una vulneración a los Derechos Humanos?
- “En los términos de la Constitución de El Salvador es la limitación de algunos derechos constitucionales, principalmente el derecho a contar con un defensor en las primeras horas de detención y el derecho a ser presentado ante un juez a 72 horas de la captura.
“Es un mecanismo que debería operar cuando el Estado está rebasado por una situación de desastre, de guerra o algo similar, en la cual las instituciones no pueden funcionar.
”Sin embargo, en El Salvador de manera inconstitucional, se ha prolongado por más de un año y no solamente se ha aprobado el régimen de excepción, sino que se hicieron reformas a las leyes penales que anulan la garantías judiciales y, por otro lado, hay prácticas ilegales y abiertamente inconstitucionales de las autoridades como torturas o detenciones ilegales.
“Por lo tanto; la situación en El Salvador es muy grave, no solo por el estado de excepción, sino por estas reformas y los abusos que están ocurriendo”.
-¿Cómo realizan la recolección de datos y testimonios para llegar a estas conclusiones?
- Cristosal monitorea el impacto en derechos humanos de esta situación vinculada al régimen de excepción. Periódicamente desarrollamos informes sobre el régimen y este último es el consolidado a un año y un mes del inicio del régimen de excepción.
”A lo largo de ese año se entrevistaron decenas de familiares de personas detenidas y también pudimos conversar con personas que estuvieron detenidas y fueron puestas en libertad, después de varios meses.
“Hemos podido también monitorear cómo funciona el sistema judicial y tener acceso a evidencias forenses y evidencias audiovisuales. Es una investigación de campo, amplia, que nos permite establecer las graves violaciones que están ocurriendo en El Salvador producto de este régimen de excepción”.
- De acuerdo a los datos, ¿cuáles han sido las mayores violaciones a los derechos humanos detectadas durante el régimen de excepción?
- Las autoridades reportan más de 66.000 personas detenidas, esto es la cifra oficial. Hay también una anulación del derecho de acceso a la información pública y se declaran reservadas todas las estadísticas oficiales; así que contamos únicamente con los datos que se publican en Twitter o que funcionarios dan en entrevistas.
”Estamos hablando que la gran mayoría de estas detenciones son arbitrarias, se realizan sin una orden judicial, con allanamientos ilegales de morada. El derecho a la inviolabilidad de la morada no lo puede suspender un régimen de excepción, según la Constitución.
“Además, hay violencia, incluso torturas durante las detenciones, impactos en las familias. También no existen causas legales o justas conocidas para la detención de la gran mayoría. Entonces hablamos de una política de detenciones ilegales, de detenciones arbitrarias masivas.
”A esto se suma luego la incomunicación total de las personas detenidas. Ya no vuelven a tener contacto ni con abogados defensores, ni con familiares; se niega información a los familiares.
”Hemos podido establecer que permanecen detenidas bajo condiciones de tratos crueles, inhumanos y degradantes y bajo tortura. Esta práctica, de la tortura, es generalizada en las cárceles en diferentes modalidades; las personas están hacinadas en una insalubridad absoluta, se les dan pocos alimentos, poca agua y, además, contaminada”.
- También documentan que existe violencia y que el tema de salud dentro de las cárceles es grave…
- “Hay golpizas, choques eléctricos e inclusive se está utilizando como modalidad de tortura. No se dan medicamentos a personas con enfermedades crónicas y tampoco se da asistencia médica cuando enferman.
”Esto ha ocasionado que hayan muerto, al menos documentado por Cristosal, 153 personas entre marzo del 2022 y abril de 2023. Muchas de estas muertes se deben a situaciones de violencia, que se pueden evidenciar en los cuerpos de las víctimas, es decir, bajo torturas y otro tipo de violencia extrema.
”Otros murieron por la falta de medicamentos, incluso hay personas que han muerto de hambre, hay cuatro casos que revelan que murieron por anemias o desnutrición profunda. Es decir, lo dejaron morir de hambre en la cárcel y esto ya configura un cuadro de muertes arbitrarias y posibles ejecuciones carentes de legalidad.
“El número de personas que fallecieron puede ser mayor porque hemos detectado, al igual que investigaciones de prensa, que algunos detenidos son personas que mueren, y son enterradas en fosas comunes en cementerios locales.
“Nunca las muertes se notifican por las autoridades a las familias y quienes se logran enterar de la muerte de sus familiares es a través de funerarias privadas que los contactan obviamente para venderles sus servicios”.
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- Estos son considerados crímenes de lesa humanidad, ¿qué podría significar para el Estado de El Salvador?
- “Existe lesa humanidad en estas políticas de violación a derechos humanos del gobierno del presidente Bukele porque se trata de violaciones a derechos humanos gravísimas como las que he mencionado (...).
“Son producto de decisiones al más alto nivel del Estado como una política deliberada de Estado, promovidas por el presidente Bukele, por decisiones adoptadas por la mayoría de los oficialistas de la Asamblea Legislativa y lo está permitiendo y e impulsando también la Fiscalía General y la Corte Suprema de Justicia, entonces una política de Estado”.
”Además, está concentrada en una población específica. Son personas en su mayoría jóvenes, entre 18 y 40 años, que viven en comunidades pobres y estigmatizadas porque tuvieron presencia de pandillas; lo grave de esto es que muchas de las víctimas, ahora del Estado, fueron antes las víctima de las pandillas (...) .
”Estos elementos configuran la lesa humanidad de acuerdo al artículo siete del Estatuto de Roma del cual El Salvador forma parte, así que eventualmente esta situación puede llegar a ser investigada por la Corte Penal Internacional como crímenes de lesa humanidad.
“Y, por otro lado, también acarrean evidentemente responsabilidad internacional en materia de derechos humanos donde ya hay posicionamientos, solicitudes de informes y expresiones de preocupación por los sistemas internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas”.