Han pasado 13 meses desde que el gobierno de Nayib Bukele ordenó a la Asamblea Legislativa de El Salvador decretar el estado de excepción después de una ola de violencia en el país centroamericano que cobró la vida de 87 salvadoreños en tres días a manos de las pandillas.
Durante ese tiempo, la organización Cristosal, quien vela por los Derechos Humanos, estuvo llevando a cabo investigaciones y entrevistas que revelan datos preocupantes sobre esta materia en El Salvador, ya que las detenciones arbitrarias, la violencia y las muertes de personas bajo custodia policial son consideradas crímenes de lesa humanidad.
La organización presentó estos datos en un informe que considera el estado de excepción como “la suspensión permanente de garantías constitucionales como la única herramienta de política pública que implementa el Gobierno”.
Durante este año y un mes, se concretaron más de 66 mil arrestos, según los datos proporcionados por las autoridades salvadoreñas.
Sin embargo, el informe explica que el gobierno de Nayib Bukele oculta los motivos y las formas en que se dieron estas detenciones: “capturas sin investigación; por fichajes policiales previos; por delaciones anónimas; por tener tatuajes (alusivos a pandillas o no); por rencillas; por cumplimiento de cuotas de detenciones; o por vivir en zonas de asedio de las pandillas”.
Cristosal recibió 3,275 denuncias durante el primer año del régimen de excepción, lo que implica un total de 3,403 personas afectadas. Estos datos se dividen en “el porcentaje más alto corresponde a hombres (85.5%), seguido de mujeres (13.9%), y se contabilizaron 55 personas de la comunidad LGBTIQ+”.
La población más afectada pertenece al rango de edades de 18 a 30 años, que son económicamente activos y sustento de sus familias en El Salvador.
Muertes
Según los datos obtenidos en la investigación, durante el año de régimen, que abarca desde el 27 de marzo de 2022 hasta el 27 de marzo de 2023, se registraron 139 muertes bajo custodia estatal.
A esto se suman las 47 muertes totales durante el año 2023, lo que significa que durante el régimen de excepción fallecieron 153 personas.
“Sin investigación previa, miles de personas que habían sido sometidas a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes fueron arrestadas, en las cárceles existentes o creadas para cumplir con el régimen. Así, se pasó del terror de las pandillas a la violencia sistemática del Estado”, menciona el documento.
En cuanto a la forma en que estas personas murieron, el informe señala que “las autoridades de Seguridad Pública casi siempre registran que se trató de muertes por enfermedades o condiciones de salud crónicas, aunque la mayoría de las personas ingresaron al sistema penitenciario sin padecer enfermedades previas. De esto se deduce de que al menos 28 personas murieron de forma violenta debido a torturas, golpes, asfixia mecánica por estrangulación, lesiones, entre otras causas”.
De acuerdo con los presuntos motivos de muerte y los testimonios de las víctimas y sus familiares en El Salvador, el informe concluye que existen crímenes de lesa humanidad en la nación centroamericana desde la instauración de un régimen de excepción que se está extendiendo cada vez más en medio de una nueva violencia sistemática.
“Estas violaciones de los derechos humanos, como política de Estado adoptada a nivel máximo, de manera sistemática y dirigida a un segmento específico de la población (habitantes de comunidades conflictivas, en situación de pobreza y mayoritariamente jóvenes), permite calificarlas como crímenes de lesa humanidad según el derecho internacional”.