Las autoridades colombianas, ecuatorianas y con el apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, avanzan en las investigaciones sobre el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, estableciendo los nombres y nacionalidades de los implicados.
Llama la atención que los señalados (ya privados de libertad) sostienen llamadas telefónicas con al menos tres políticos de Ecuador, cuyos nombres aún no se conocen.
Las autoridades de seguridad de los tres países llevaron a cabo una cumbre virtual en la que identificaron plenamente a los implicados y recabaron material probatorio, entre el cual se incluyen cuatro teléfonos celulares incautados, registros de llamadas y las mencionadas llamadas telefónicas con los supuestos políticos ecuatorianos.
Un juez ordenó la prisión preventiva para los seis procesados, y la instrucción fiscal se extenderá durante 30 días. Andrés Manuel Mosquera Ortiz, José Neider López Hitas, Adey Fernando García García, Camilo Andrés Romero Reyes, Jules Osmín Castaño Alzate y Jhon Gregore Rodríguez son los nombres de los colombianos implicados.
“Según la información preliminar recopilada, se confirmó que los aprehendidos pertenecen a grupos de delincuencia organizada”, informaron las autoridades en un comunicado.
Terror en video
Mientras se realizaban las detenciones, en las redes sociales se volvía viral un video de origen desconocido en el que aparecía un numeroso grupo de hombres encapuchados y fuertemente armados que se autodeclaraban miembros de la banda criminal “Los Lobos” y se atribuían el asesinato de Villavicencio, además de amenazar a otro candidato: Jan Topic.
Esta situación obtuvo una respuesta a través de otro video igualmente viral y de origen desconocido, en el cual otro grupo de hombres vestidos de blanco y con el rostro descubierto afirmaba de la misma manera ser integrantes de “Los Lobos”, pero negaban cualquier implicación en el atentado contra Villavicencio.
“Los Lobos” es una de las bandas criminales más grandes que operan en Ecuador y contribuyó junto a otras como “Los Tiguerones” o “Los Choneros”, a la crisis de seguridad y al aumento de la violencia. Según el Gobierno, estas bandas están detrás del incremento en los homicidios intencionales, que llevaron al país a registrar en 2022 una tasa de 25,32 por cada 100.000 habitantes, la cifra más alta de su historia.
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