Washington. AP, AFP y EFE. En medio de un aluvión de críticas provenientes incluso de sus aliados demócratas, el Gobierno de Estados Unidos maniobró ayer para apagar los escándalos que echan leña al mayor incendio en la administración de Barack Obama.
En una semana para el olvido, el equipo del presidente de Estados Unidos salió ayer a dar explicaciones sobre el espionaje a periodistas, el acoso del fisco a conservadores ligados al Tea Party y las dudas por el atentado contra la embajada del país en Libia.
Dos días después del inicio de la controversia en torno a las escuchas telefónicas a la agencia de prensa Associated Press (AP), la Casa Blanca anunció su intención de revivir un proyecto de ley del 2009 para proteger las fuentes de los periodistas.
Si el proyecto de ley –que se presentará pronto en el Senado y que deberá ser aprobado en una versión idéntica por la Cámara de Representantes– es aprobado, permitirá a los periodistas y sus empleadores no revelar el nombre de las fuentes a las que prometieron confidencialidad.
Antes, el secretario de Justicia y fiscal general, Eric Holder, aseguró , en medio de un furioso interrogatorio en el Congreso, que “tiene fe” en aquellas personas que dirigieron los registros telefónicos, aunque precisó que, debido a que se excluyó del caso, no está “familiarizado” con los detalles.
Según Holder, “existen excepciones a las normas” para ejecutar, sin necesidad de notificarlo, ese tipo de requerimientos para poder recabar la información necesaria y no comprometer la investigación.
Más agua. Posteriormente, Barack Obama anunció ayer el despido del jefe de la agencia fiscal estadounidense debido al escándalo por la investigación que esa oficina hizo a grupos conservadores vinculados al Tea Party .
Obama dijo en una declaración leída a la prensa en la Casa Blanca que el secretario del Tesoro, Jack Lew, le solicitó y obtuvo la renuncia del jefe de la IRS (Internal Revenue Service, la agencia fiscal estadounidense), Steven Miller.
Además, el mandatario prometió la implementación de reformas que garanticen que no se repitan hechos similares.
Al calificar los hechos de “inexcusables”, un ofuscado Obama manifestó que “los estadounidenses tienen derecho a estar molestos”.
El escándalo estalló cuando se supo que los funcionarios que controlaban las presentaciones de la exención fiscal se centraron en grupos conservadores señalados con nombres con frases como “Tea Party” o “Patriotas”, vinculados al adversario Partido Republicano, que se esperaban plantearan feroz oposición a Obama.
Más temprano, el fiscal general Holder había prometido una investigación a nivel nacional sobre las denuncias. “Los hechos nos llevarán a donde nos tengan que llevar”, dijo Holder, tras prometer que la pesquisa se extendería a nivel nacional, más allá de la ciudad de Cincinnati, Ohio, donde se denunció que tuvieron lugar las violaciones fiscales.
En otro de los escándalos, la Casa Blanca divulgó 100 páginas de correos electrónicos que exponen las deliberaciones en el seno del Gobierno estadounidense tras el atentado en Bengasi, Libia, de setiembre pasado, tema que desde hace meses genera acérrimas críticas de los republicanos.
Con la difusión de esos documentos, la administración de Obama intenta dar prueba de su buena fe después de que sus adversarios políticos la acusaron de haber querido suavizar –con fines políticos en medio de la campaña electoral– el carácter “terrorista” de ese atentado, que costó la vida de cuatro estadounidenses, entre ellos el embajador.