La Paz. EFE. El presidente de Bolivia, Evo Morales, expropió ayer la sexta empresa de capitales españoles en menos de un año al tomar el control de una filial de Abertis-Aena, una decisión que repercutirá en la relación bilateral entre ambos países, advirtió el Gobierno español.
Morales anunció la nueva nacionalización en el aeropuerto de la ciudad de Cochabamba, donde está la sede de Servicios de Aeropuertos Bolivianos S.A. (Sabsa), que fue ocupada por fiscales, funcionarios y por militares del Ejército.
El Gobierno boliviano argumentó que Sabsa ha incumplido con las inversiones en la mejora de los aeropuertos de El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, de los que se hizo cargo en 1997 cuando se privatizó la gestión de esos aeródromos.
Morales dijo en un discurso que los “privatizadores” pagaron una suma equivalente a casi $4.000 “para administrar los $430 millones que tienen los aeropuertos de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz”.
Agregó que quienes administraron las tres terminales llegaron a obtener beneficios que superan los 20 millones de dólares.
Al igual que en anteriores expropiaciones, se dispuso que la compensación a Abertis y Aena provenga de una tasación realizada por una empresa independiente “en el plazo de 180 días hábiles”.
Desde España, Abertis mostró respeto hacia la decisión de Bolivia de expropiar Sabsa, filial de este grupo de infraestructuras y participada por Aena, aunque negó la falta de inversiones aducida por el Gobierno y confió en obtener “una compensación adecuada”.
La nacionalización de Sabsa fue seguida de inmediato por el despliegue de tropas bolivianas en los tres aeropuertos gestionados por esa empresa, una práctica habitual tras cada expropiación que la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, justificó como un “gesto simbólico” del apoyo de las Fuerzas Armadas al Estado.
En diciembre, Morales expropió cuatro filiales de Iberdrola y, en mayo pasado, una de la Red Eléctrica de España (REE), con la que aún negocia una compensación.
El ministro español de Exteriores, José Manuel García-Margallo, advirtió, desde Bruselas, de que la decisión “tendrá consecuencias sobre las relaciones bilaterales” y no descartó una respuesta por parte de la Unión Europea ante este acto que consideró “no amistoso”.
El jefe de la delegación de la UE en La Paz, Timothy Torlot, declaró a la prensa que “la nacionalización es una política de Gobierno” y es “su derecho”, pero la comunidad internacional quiere “una compensación justa y transparente para las empresas involucradas”.