Auditarán censo de Chile ante sospechas de manipulación

Reportaje periodístico señaló presuntas alteraciones en cifras de población; sustituido director de entidad oficial

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Santiago. (AFP). El Gobierno de Chile nombró este lunes a un nuevo director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) tras una denuncia de supuesta manipulación de las cifras del último Censo de 2012 , que será sometido a una auditoría técnica para verificar si es necesaria su repetición.

El nuevo director del INE, el economista Juan Eduardo Coeymanns, reemplaza en el cargo a Francisco Labbé, quien renunció el viernes pasado tras conocerse una denuncia periodística que lo acusa de manipular los datos de la medición de población.

El nuevo director del INE deberá "realizar una auditoría técnica del censo para despejar cualquier duda", dijo en rueda de prensa el ministro de Economía, Pablo Longueira, de cuya cartera depende el INE.

Un reportaje del medio electrónico CIPER publicado este viernes acusó al director del INE de manipular los datos del censo, al presentar a 16,6 millones de habitantes como efectivamente censados, cuando se entrevistó a 600.000 personas menos.

Según el sitio periodístico, Labbé forzó la cifra para poder alcanzar el objetivo de sólo un 2% de personas que no contestaron, y sumó como si efectivamente hubieran sido entrevistados a los moradores ausentes y a las viviendas desocupadas.

Como consecuencia, estarían alteradas las distintas mediciones derivadas del censo para ser utilizadas en la elaboración de políticas públicas durante los próximos diez años.

Junto con la auditoría, agregó Longueira, el INE deberá también "resolver el debate de la metodología que se ha planteado sobre (el cálculo) del índice de precios al consumo (IPC)", que según trascendió en varios medios de prensa, podría presentar diferencias de hasta cuatro décimas respecto de la cifra oficial.

En todo 2012, la inflación chilena alcanzó a un 1,5%, la cifra más baja en nueve años.

Longueira defendió además la "independencia" del INE y dijo que le instruyó avanzar en un proyecto para asegurar por ley esta materia.

El Gobierno decidió además entregar todos los antecedentes del caso a la Fiscalía para resolver si existe algún delito.