México (AFP). Amnistía Internacional (AI) solicitó este viernes a las autoridades mexicanas proteger a un sacerdote y a voluntarios que atienden un refugio de migrantes indocumentados a 60 kilómetros de la frontera con Guatemala, amenazados de muerte por personas que estuvieron detenidas por extorsión a migrantes.
“Hacemos un llamado a las autoridades a que brinden protección inmediata y efectiva a fray Tomás González, Rubén Figueroa y otros voluntarios y migrantes del albergue ubicado en Tenosique (Tabasco, sureste), donde se encuentra la primera parada del tren de carga sobre el que viajan miles de centroamericanos y sudamericanos para tratar de llegar a Estados Unidos”, menciona un comunicado de AI.
Tres personas fueron liberadas el 6 de marzo pese a que al menos dos migrantes los identificaron ante un juez como autores de extorsiones a indocumentados y amenazas de muerte contra el sacerdote, director del albergue “La 72”, y Figueroa, voluntario.
La ONG con sede en Londres se dijo “profundamente preocupada por la reciente liberación” de estas personas, quienes además presentaron una denuncia contra González y Figueroa por difamación y daño moral. La fiscalía aceptó los cargos y abrió una investigación criminal contra los defensores de derechos humanos.
“Se teme que esta denuncia se haya realizado para acosar a los hombres (González y Figueroa) y minar su reputación”, añade AI, que pidió una investigación efectiva sobre las amenazas que han recibido los activistas, además de garantizar las condiciones de seguridad del albergue que diariamente recibe un promedio de 150 migrantes en busca de un lugar para dormir, ducharse y comer antes de seguir su camino hacia el norte.
Unos 140.000 indocumentados entran anualmente a México por la frontera sur, según cifras oficiales, y se calcula que unos 20.000 son víctimas de secuestro, violación, extorsión, mutilación y asesinato por parte del crimen organizado.
El sanguinario cártel de Los Zetas, responsable de la masacre de 72 migrantes en un rancho de Tamaulipas en agosto de 2010, opera activamente en Tabasco.
Alejandro Solalinde, otro reconocido sacerdote protector de los derechos de los migrantes, tuvo que salir del país temporalmente el año pasado ante amenazas de muerte.