San Salvador. ACAN-EFE. La crisis de poderes en El Salvador creada por la anulación de la elección de 20 magistrados, finalizó con un acuerdo político que deberá cumplir el Parlamento, al margen de un fallo de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), que avaló la designación de jueces .
El convenio, firmado antenoche por los seis partidos con representación legislativa y el presidente del país, Mauricio Funes, tras 17 rondas de negociaciones iniciadas el 24 de julio, produjo satisfacción en organismos de derechos humanos, sectores políticos y en el Poder Judicial, dividido por la disputa.
Funes destacó al anunciar el acuerdo que la negociación fue “el mecanismo más eficaz” para superar la crisis y lograr “el normal funcionamiento” del órgano judicial “a la brevedad posible”.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema anuló el 5 de junio las elecciones de magistrados del 2006 y abril del 2012 (cinco propietarios y sus respectivos suplentes en cada momento), y ordenó a la nueva Asamblea Legislativa, que asumió el 1.° de mayo, repetir ambos procesos.
Salida al conflicto. El acuerdo político alcanzado el domingo al filo de la medianoche, establece que la Asamblea elegirá hoy a un nuevo presidente de la Corte, ratificará a los magistrados del 2006 y designará a los del 2012 entre los mismos 11 propuestos en abril.
A pesar de la satisfacción por el acuerdo, el procurador para la defensa de derechos humanos, Óscar Luna, advirtió que debe definirse “cómo queda” el fallo de la Corte Centroamericana, que el 16 de agosto validó las elecciones de magistrados anuladas por la Sala de lo Constitucional.
La sentencia del tribunal regional ha dicho una cosa y hay un acuerdo político que ha dicho otra, recalcó.
Luna consideró como una cuestión de “responsabilidad” definirse ante la Corte Centroamericana, “porque tampoco se puede jugar con un organismo internacional al cual se ha dicho que hay que reconocerle su competencia”.
Funes destacó que las negociaciones políticas estaban al margen del fallo de la Corte regional, y que este no resolvía la crisis porque la Sala no lo acataba.
La Corte Centroamericana intervino a raíz de un recurso de conflicto interpuesto el 21 de junio por el Congreso contra la Corte.
El Parlamento acató la sentencia, pero la Sala de lo Constitucional lo rechazó por considerarlo contrario a la Carta Magna.
Para el portavoz del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, gobernante), Roberto Lorenzana, el fallo del tribunal regional “fue el detonante que facilitó el acuerdo” interno, pues “fue una especie de jaque mate táctico” en la negociación.
El procurador Luna también señaló que, aunque el acuerdo político es una solución “inmediata y formal”, en el fondo significa cumplir con los fallos de la Sala porque se elegirá de nuevo a los magistrados.
La Constitución salvadoreña no establece cuándo debe elegirse a los magistrados, pero la Sala de los Constitucional consideró que una misma legislatura no puede hacerlo en dos ocasiones y que las que terminaron en el 2006 y en abril ya habían cumplido ese trámite.
“Lamento que se haya desperdiciado tanto tiempo para llegar a una solución”, dijo Luna.