La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) denunció al Estado ante la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), por supuestas prácticas monopolísticas relacionadas con la contratación de empresas públicas, durante la administración Solís Rivera.
Los empresarios consideran que hay un "uso excesivo, casi abusivo" del artículo dos de la Ley de Contratación Administrativa, que permite la actividad contractual entre entes de derecho público y la contratación directa cuando no existan otros oferentes, o por urgencia.
De 2012 a 2016 se han realizado, según la Uccaep, 46 contrataciones directas de servicios de telecomunicaciones y tecnología a empresas del Estado sustentadas en la excepción que permite la Ley de Contratación Administrativa.
El reporte de Uccaep menciona que se adjudicaron a empresas públicas dos contratos en 2013, 16 contratos en 2014, 16 en 2015 y ocho en lo que va de 2016.
Esos contratos se realizaron entre instituciones del Gobierno Central, Radiografica Costarricense (Racsa), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia.
La Uccaep también critica que exista una directriz, la 023-H publicada el 20 de abril del 2015, que promueve la contratación entre entidades públicas.
El gremio afirma que existe una "conducta deliberada del Poder Ejecutivo, tras la publicación de la directriz, para privilegiar, en mercados competitivos, la contratación de entidades del Estado, sin importar el precio de la compra o idoneidad del adjudicatario, afectando la transparencia, la libre concurrencia y la competencia efectiva, en perjuicio del interés público y posiblemente haciendo un mal uso de los fondos públicos", tal como lo consignó en un comunicado difundido este lunes.
Franco Pacheco, presidente de la Uccaep, se manifestó preocupado por la transformación hacia un "Estado empresario" que deja por fuera los principios de competencia y eficiencia.
El gremio solicitó a la Coprocom se establezcan sanciones y se ordene derogar la directriz 023-H.
Caso de la factura electrónica
Con estos mismos argumentos, la Cámara Costarricense de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic) denunció al Ministerio de Hacienda por la contratación del proyecto de factura electrónica a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH). La Coprocom lleva a cabo una investigación preliminar por este caso.
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Según Camtic (Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación), Hacienda pagó por el proyecto de factura electrónica $8,5 millones, cuando el costo de mercado rondaría los $3 millones.