Un total de 234 compras electrónicas que iban a realizar el ICE, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y varias municipalidades, por $12,7 millones (¢6.497 millones), quedaron varadas desde el 14 de junio por orden de la Sala Constitucional.
Algunos ejemplos de compras paralizadas son: una por ¢860 millones de la Universidad de Costa Rica para ampliar el edificio del Instituto de Investigaciones en Salud; otra por ¢367,8 millones del Instituto Nacional de Seguros para adquirir equipos de comunicaciones, y una más por ¢273 millones del ICE para la reparación de generadores del Centro de Producción Tejona.
El ICE es la entidad más perjudicada, pero hay, además, 43 entidades del sector público que usan el sistema, lo cual representa cerca del 80% de las adquisiciones totales del sector público.
Mediante una respuesta escrita, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) explicó que la mayoría de compras pendientes son materiales indispensables para continuar la operación.
“En la actualidad, solo en una semana se tramitan 234 procesos de compra, por lo que, de no levantarse dicha prohibición, el Estado costarricense literalmente se paralizaría a corto plazo”, explicó Alicia Avendaño, directora de la Secretaría Técnica del Gobierno Digital, encargada de Mer-Link.
¿Qué pasó? En una resolución del lunes 11 de junio, el alto tribunal acogió para su estudio una acción de inconstitucionalidad interpuesta por el abogado Jorge Enrique Romero Pérez, para que se declare inconstitucional el Reglamento para la Utilización del Sistema Electrónico de Compras Públicas Mercado en Línea Mer-Link.
Este es un sistema electrónico mediante el cual las instituciones públicas hacen sus compras.
Romero comentó ayer que él es un especialista en contratación pública electrónica, es profesor de la Universidad de Costa Rica y fue asesor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la implementación de Compra Red, otro sistema de compras públicas.
El abogado explicó que su principal argumento es que el Ministerio de Hacienda no firmó el decreto, pese a ser el rector del sistema de contratación.
Según la resolución de la Sala, los procedimientos de contratación administrativa realizados a través de este sistema pueden continuar su trámite regular, “excepto el acto de adjudicación”.
Avendaño explicó que, si no se pueden adjudicar las compras, se paraliza el sistema.
La directora detalló que recibieron la notificación el 13 de junio y avisaron a las entidades el 14 de junio. El 15 de junio presentaron a la Sala una solicitud de que no se supendan las adjudicaciones.