La Sala Constitucional ordenó ayer al Ministerio de Hacienda “tomar las medidas necesarias” para mejorar las instalaciones de la aduana de Caldera, en Puntarenas.
La Sala declaró con lugar un recurso de amparo planteado por la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), debido a las “condiciones inadecuadas” de las oficinas.
“Había goteras y pisos con desnivel”, dijo Hernán Caamaño, representante de la ANEP.
De acuerdo con el recurrente, el Ministerio de Salud había girado con anterioridad órdenes para que se tomaran acciones, pero la Dirección General de Aduanas (DGA) no las acató.
Caamaño aseguró que están dispuestos a adoptar la misma medida con las aduanas en Peñas Blancas y Paso Canoas.
Esta resolución se da al tiempo que la DGA mantiene reuniones con miembros del gremio, universidades y sector privado, a raíz de la visita de Sergio Mujica, secretario general adjunto de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), quien plantea una revisión del estado actual del servicio aduanero nacional, el funcionamiento de ventanillas únicas y los servicios integrados en fronteras.
“La prioridad está en las aduanas. Son muy importantes para la competitividad”, dijo Fernando Herrero, ministro de Hacienda.
El Ministro afirmó que los fideicomisos de titularización con los que se pretende modernizar las aduanas fronterizas están en pausa, a la espera del reglamento que norme esta figura.
La normativa se encuentra en estudio por parte del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).
De no acatar lo dispuesto en esta resolución, los jerarcas de la Dirección de Aduanas se exponen a prisión, o al pago de entre 20 y 60 días multa, por el delito de desobediencia, según la Sala Constitucional.
Por su parte, Hacienda anunció, mediante un comunicado, que alquilará un edificio con el fin de resolver el problema en el menor tiempo posible, sin afectar las operaciones de la aduana.