La empresa Mabeca (fabricante de las marcas de electrodomésticos Mabe y Atlas) interpuso ante la Sala IV un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 28 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.
La acción, interpuesta el año pasado y acogida por la Sala IV el pasado 12 de este mes, fue planteada por Diego Artiñano, presidente de la firma de capital mexicano, luego de que en agosto del año pasadola Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) multó a la empresa con $2,3 millones por “concentración prohibida” en el mercado de las cocinas y refrigeradoras pequeñas y medianas. La sanción –que estableció el ente adscrito al Ministerio de Economía (MEIC)– se realizó por la compra que Mabeca hizo de Atlas Eléctrica, en el 2008. Esta firma vende en el país las marcas Atlas, Mabe, Cetron y General Electric.
En aquel momento, Ana Victoria Velásquez, directora de Coprocom, justificó así la decisión: “Esta adquisición deja sin opciones a los consumidores con cocinas de 20 y 30 pulgadas de gas, y en las de 20 pulgadas que funcionan con electricidad. También hay problemas con las refrigeradoras de una puerta menor a los 11 pies cúbicos, o de dos puertas horizontales menores de 14 pulgadas”.
En su recurso, Mabeca indica: "La norma se impugna en cuanto impone sanciones muy onerosas para las empresas sancionadas y ello lesiona -entre otros- el principio constitucional de razonabilidad. Además, el hecho de que ese artículo disponga que las infracciones que, a juicio de la Comisión para Promover la Competencia revistan "gravedad particular", también lesiona el principio de tipicidad de las sanciones administrativas".
Añade la compañía en su acción: "La imposición de la multa tendría repercusiones sobre el interés público, pues obligaría a las empresas sancionadas -en algunos casos- a reducir drásticamente su personal para bajar costos de operación y poder mantenerse en el mercado y, en otras hipótesis, la aplicación de una multa semejante podría conllevar una importante contracción en las operaciones e inversiones de la empresa sancionada, e incluso, el cese total de su giro, por verse imposibilitada para continuar operando de manera eficiente y competitiva".