Uno de los aspectos llamativos de la nueva Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas es la posibilidad que tienen los representantes legales de las sociedades mercantiles de renunciar a su cargo. Lo deben hacer mediante comunicación por escrito al domicilio social registrado.
Esta comunicación deberá posteriormente protocolizarse e inscribirse ante el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional, con el fin de que la renuncia sea eficaz.
El interesado deberá manifestar ante el notario la adecuada recepción de la comunicación en el domicilio social respectivo o, en su defecto, la causal que impidió su entrega efectiva.
Para completar el trámite de renuncia, los interesados cuentan con un plazo de 24 meses a partir de la entrada en vigencia de esta nueva normativa.
Me surge la pregunta: ¿por qué se les permite a los representantes legales renunciar unilateralmente a sus cargos?
La explicación tiene que ver con la responsabilidad que les asigna la ley tributaria a las personas que, sin tener el carácter de contribuyentes, deben cumplir con las obligaciones correspondientes a éstos.
Se trata de los obligados por deuda ajena o responsables tributarios. En esa posición se encuentran, entre otros, los representantes legales de las personas jurídicas, quienes quedan obligados por ley a pagar los impuestos al Fisco, con los recursos que administren o de que dispongan.
Estos personeros también tienen la obligación de cumplir, a nombre de las personas jurídicas que representan, los deberes que imponen las leyes tributarias en general, incluyendo a partir de este año el pago del impuesto a las sociedades mercantiles.
Cualquier persona que tenga dudas sobre este aspecto o que quiera presentar renuncias y evitar las responsabilidades dichas, puede acudir al Registro Nacional.
En esa entidad puede solicitar un listado de las sociedades mercantiles, sucursales de una sociedad extranjera y empresas individuales de responsabilidad limitada en las cuales figure como representante legal.