El máximo regulador financiero del país rechazó ayer la reforma a la ley de banca para el desarrollo porque no resuelve los problemas de la actual norma, como la inutilización de los recursos del principal fondo de esta legislación y porque crea una regulación diferenciada para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
José Luis Arce, presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), explicó a La Nación que es imposible que funcione el proyecto tal como se aprobó en la semana anterior en la Comisión Especial de Banca para el Desarrollo de la Asamblea Legislativa. .
Esa comisión tiene casi tres años de trabajar en la reforma del Sistema de Banca para el Desarrollo, creada en el 2008 para tratar de hacer operativo principalmente el dinero del denominado “peaje bancario”, que asciende a casi $500 millones (¢250.000 millones), según la Asociación Bancaria Costarricense (ABC).
Aquellos recursos provienen de un 17% de los depósitos captados por los bancos privados, a plazos de 30 días o menos, para que los bancos estatales puedan usarlos para prestar a pequeñas y medianas empresas.
Críticas. Javier Cascante, superintendente general de Entidades Financieras (Sugef), secundó las objeciones del Conassif, en sentido de que es necesaria una política de avales y garantías para las mipymes, y no una basada en tasas de interés diferenciadas.
“El proyecto insiste en tasas máximas y requerimientos cuantitativos para participar en el negocio de banca para el desarrollo. Esto, más que incentivar a los oferentes de los fondos, los reducen ya que se elevan los costos”, aseguró Cascante.
Para Gilberto Serrano, presidente de la ABC, el texto avalado no resuelve los problemas para poder usar los millonarios recursos acumulados por el “peaje bancario”.
A revisión. Mayi Antillón, ministra de Economía, Industria y Comercio (MEIC), reconoció que le tomó por sorpresa el dictamen al proyecto dado en la Comisión, máxime porque se hizo el mismo día en que compareció el jerarca de la Sugef.
“El proyecto no está cerrado. Para eso existen las mociones de revisión. Los diputados están anuentes a mejorar el tema de regulación y peaje”, sostuvo la jerarca.
La diputada Annie Saborío reconoció que es necesaria la revisión del “peaje bancario” para utilizar los fondos. De hecho, los diputados esperan un dictamen del Departamento de Servicios Técnicos del Congreso sobre este asunto.