San José.
El Ministerio de Hacienda no puede exigirle a la totalidad de sociedades anónimas inscritas en el Registro Nacional que presenten la declaración del impuesto de renta, lo cual pone en aprietos a la institución cuando inicie el cobro del nuevo tributo a las personas jurídicas.
Solo podrá exigir la declaración a las que generen utilidades, concluyó la Procuraduría General de la República (PGR), en un criterio vinculante emitido el pasado 30 de enero, ante la consulta del ente recaudador de impuestos.
Sin esta declaración, Hacienda se queda sin un mecanismo que le permita determinar cuáles de estas personas jurídicas están activas y cuáles fueron constituidas exclusivamente para la tenencia de bienes.
Conocer la actividad e ingreso de todas las sociedades es clave para que la Dirección General de Tributación (DGT) cobre el nuevo impuesto a las personas jurídicas, cuya ley quedó aprobada en segundo debate en la Asamblea Legislativa, el pasado 16 de marzo.
La intención de la institución es que las sociedades presenten la declaración, aun si están inactivas, pero la PGR le negó esa posibilidad.
"No necesariamente todas las sociedades anónimas legalmente establecidas realizan actividades lucrativas generadoras de renta, por lo cual no todas están sujetas a cumplir con los deberes formales establecidos por la normativa, como lo es la presentación de la respectiva declaración", determinó el asesor jurídico del Estado.
Este nuevo tributo se cobrará a partir de la renta de las sociedades. Aquellas que están inactivas, es decir, que no estén inscritas en el Registro Único Tributario, pagarán el porcentaje menor establecido, el 15% de un salario base por año.
Adicionalmente, Hacienda necesita seguir el rastro de las sociedades supuestamente inactivas por disposición de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a la cual el país aspira ser miembro. Se estima que 70% de estas organizaciones están supuestamente inactivas.
Reglamento abriría puerta
El viceministro de Ingresos, Fernando Rodríguez, intentará, por la vía reglamentaria, obligar a todas las sociedades a presentar la declaración, aun si están inactivas.
El funcionario aseguró que el criterio de la Procuraduría se emitió en el contexto de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pero con el reglamento de la nueva ley de personas jurídicas quedarían en la facultad de exigir el trámite.
El artículo 3 del proyecto aprobado en el Congreso separa las sociedades activas de las demás según si están inscritas en Registro Único Tributario, pero no menciona la obligatoriedad de la inscripción. De hecho, establece un impuesto a las sociedades que precisamente no están inscritas y que pagarían el menor porcentaje.
"Las sociedades mercantiles, así como toda sucursal de una sociedad extranjera o su representante y las empresas individuales de responsabilidad limitada, que estén inscritas en el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional no inscritos en el Registro Único Tributario en la Dirección General de Tributación, pagarán un importe equivalente al quince por ciento (15%) de un salario base mensual", establece el artículo 3 de la ley.
Para las demás que sí están inscritas, el monto del tributo se basará en los ingresos declarados en el impuesto sobre la renta inmediata anterior que va desde el 25% al 50% de un salario base, por año.
En la mira
Rodríguez aseguró que meter dentro del "radar" de Tributación estas personerías es esencial en temas de transparencia y así lo pide la OCDE, organismo al cual el país aspira ser miembro.
"Nos hemos planteado, es que dejemos que sean inactivas, pero eso no quiere decir que no tengan que entrar al radar", señaló Rodríguez.
Sin la declaración de renta, Hacienda no podrá determinar los ingresos de las sociedades y no podrá definir cuánto deberán pagar, enfatizó el Viceministro.
El Ministerio de Hacienda se encuentra redactando el reglamento de la ley que además de este punto, definirá la forma de pago el tributo a la DGT.