La eventual venta del Banco de Costa Rica (BCR) tendría un efecto positivo en las finanzas del Gobierno Central en los primeros años, pero generaría compromisos fiscales de largo plazo al Ministerio de Hacienda porque implicaría que deberá asumir los aportes de la entidad bancaria a préstamos educativos, pensiones, cooperativas y atención de emergencias.
Así lo expone un estudio realizado por el Centro Internacional de Política Económica (Cinpe) de la Universidad Nacional (UNA) que estimó el aporte favorable a la reducción del endeudamiento gubernamental por un plazo de cuatro años.
Sin embargo, posterior a este periodo, el efecto se diluiría por el peso en el gasto público de que el Ministerio de Hacienda cargue al Presupuesto Nacional las cargas parafiscales aportadas por el BCR al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), a la Comisión Nacional de Préstamos Educativos (Conape), el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
El BCR, al igual que el Banco Nacional, gira cada año una contribución sobre su utilidad a estas entidades. En el caso del IVM, por ejemplo, el porcentaje es del 15% de sus utilidades. Este año, el fondo de jubilaciones recibió ¢14.272 millones del Banco de Costa Rica de las ganancias del 2022.
El Gobierno presentó, el año pasado, un primer proyecto para la venta del BCR el cual tuvo un rechazo generalizado en la Asamblea Legislativa. Un segundo texto se envió, a mediados de este año, y también recibió el rechazo de los partidos Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana.
La Nación solicitó al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, su posición sobre los hallazgos del análisis. El jerarca respondió que no emitirá criterio hasta conocer el estudio.
Efecto en finanzas
Según el análisis del Cinpe-UNA, si la entidad financiera se mantiene en el Estado el endeudamiento del Gobierno pasaría a ser equivalente al 62,1% del producto interno bruto (PIB), este año, a una relación del 53,8% de la producción en el 2026.
En el caso de realizarse la venta del BCR este mismo año, la deuda gubernamental cerraría en 58,5% del PIB, al 50,8%, en 2026, muestra el análisis presentado este miércoles 15 de noviembre.
En el ejercicio realizado por el centro de estudios superiores, se toma en cuenta el escenario más optimista calculado por el Banco Central, en el cual el Gobierno recibiría ingresos por $2.453 millones por la venta, es decir, el equivalente al 3,6% de la producción.
En ambos supuestos se mantiene el ajuste en la contención del gasto del Gobierno a partir de la implementación de la regla fiscal en el 2018. Sin embargo, Marco Otoya, economista del Cinpe-UNA, aceptó que se requiere disciplina desde el Poder Ejecutivo para cumplir uno u otro escenarios.
La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas estableció que cuando el endeudamiento es menor del 50% del PIB se abre de nuevo el espacio fiscal para elevar el gasto gubernamental.
El economista del Cinpe-UNA explicó que el peso de las cargas parafiscales por la venta del BCR es el principal problema futuro porque el Gobierno es el llamado a asumirlas, al quedar desfinanciados los programas.
Otoya explicó que las instituciones beneficiarias recibieron del banco estatal, durante este año, ¢27.000 millones, es decir, el equivalente al 0,06% de la producción. Para el especialista mantener el BCR estatal trae mayores beneficios a futuro.
“El financiamiento a estas instituciones tendríamos que cargarlo al Presupuesto Nacional, entonces implicaría que se necesiten más recursos (de deuda) o tomar de los ingresos tributarios dinero para financiar esos programas”, explicó el economista.
Para el investigador universitario el efecto de asumir las cargas fiscales se reflejaría en un pequeño deterioro en el balance primario del Gobierno dado el alza en el gasto corriente. Con la venta, este resultado primario sería de 2,8% del PIB, en el 2024, pero sin hacer la transacción sería equivalente al 3% de la producción.
Otoya añadió que otra de las incógnitas de la iniciativa gubernamental es el programa de créditos de Banca para el Desarrollo que administra el BCR, cuya cartera asciende a ¢27.540 millones.