El Instituto Nacional de Seguros (INS) envió un carta a los ministros y presidentes ejecutivos de las entidades públicas en la cual les señaló la obligación de contratar las pólizas, de manera directa, solo con la aseguradora estatal, y que de no hacerlo debían justificar la decisión con un estudio de mercado, una interpretación que la Superintendencia General de Seguros (Sugese) le pidió rectificar.
Sugese frenó dicha intención y obligó al INS a aclararle, a todos los jerarcas del sector público que siempre se debe efectuar un análisis de las coberturas y costos de todos los productos ofrecidos con las aseguradoras con operación en el país, antes de contratar. El objetivo es comparar las diferentes pólizas para escoger la más competitiva y beneficiosa.
Así se desprende del oficio SGS-R-2557-2023, del 19 de diciembre anterior, en el cual la Sugese instruyó a Mónica Araya, presidenta ejecutiva de la empresa estatal, a enviar un comunicado, en este acaso el documento PE-0002-2024, sobre la contratación de seguros en las instituciones estatales.
Las discrepancias entre el INS y la Superintendencia se originan en la misiva PE-01126-2023, del 10 de octubre del año pasado, en la cual Araya informó a los ministros del Gobierno Central y presidentes ejecutivos de entes autónomos el proceso para adquirir un seguro.
Según la funcionaria, la Ley Reguladora del Mercado de Seguros dicta que el sector público contrate directamente con el INS los seguros necesarios. Incluso citó dos oficios de la Contraloría General de la República (CGR).
“Con base en todo lo expuesto, se puede concluir que, en el caso del Estado, Gobierno Central y demás instituciones del Sector Público, deben contratar directamente con el INS; salvo que la entidad mediante un estudio de mercado demuestre o establezca que las otras compañías ofrecen condiciones más favorables”, se detalla en el oficio del cual tiene copia La Nación.
La interpretación de la aseguradora estatal en ese momento fue que el sector público debe “descartar que la oferta del INS no sea la más favorable” en primas, deducibles o coberturas para así poder optar por una póliza de una entidad privada.
Sin embargo, después de la intervención de la Sugese, la aseguradora pública modificó su posición inicial e informó de que, previo a contratar una de sus pólizas la institución debe hacer un estudio de mercado.
“Si del estudio de mercado se deriva que hay otros aseguradores que ofrecen condiciones más favorables que el INS, la Administración no puede contratar directamente con éstos (...) debe llevar a cabo el procedimiento ordinario de contratación como licitación o concurso,” se indica en el oficio PE-0002-2024, del 2 de enero, firmado por Mónica Araya.
El Instituto explicó a este diario, por escrito, que su intención nunca fue pretender que el sector público emplee de manera exclusiva sus pólizas, sino responder a dudas a lo interno de distintos entes y ministerios.
Aunque reiteró, eso sí, que todas las entidades del sector público deben corroborar que el INS no ofrece las mejores condiciones para contratar una póliza privada y debe acreditarse en el expediente administrativo.
Las pólizas de incendios que cubren daños a infraestructuras y equipos por tales eventos; temblor, terremoto, inundaciones y vientos huracanados están entre los principales seguros contratados por el sector público. Así ocurre también con los seguros para automóviles (obligatorio y voluntarios) y Riesgos del Trabajo.
La compañía estatal detalló que la venta de pólizas al Estado representó, en los últimos cinco años, entre 8,6% y 9,5% de sus ingresos, es decir, entre ¢60.000 millones y ¢65.000 millones, según los estados financieros de la aseguradora estatal.
Interpretación correcta
Tomás Soley, jerarca de la Superintendencia, confirmó a La Nación el emplazamiento hecho a la aseguradora estatal.
“El tema de las contrataciones de seguros en el sector público ha sido discutido varias veces y los pronunciamientos de la Contraloría (citados por el INS) son mucho más amplios. Hay un elemento por aclarar”, dijo Soley.
Según la entidad fiscalizadora no existe una obligación de los entes estatales de contratar al Instituto, sino más bien de identificar y contratar la mejor oferta del mercado.
“Sugerir lo contrario sería discriminatorio respecto a las aseguradoras privadas y violentaría los compromisos del país, adquiridos mediante convenios internacionales en materia de trato nacional”, amplió la Sugese, por escrito, a este diario.
La Superintendencia recalcó que, en el oficio DCA-1120 del 31 de marzo de 2020, la CGR dictó que en el proceso de contratación de pólizas el sector público debe respetar la libre competencia, igualdad y publicidad. La respuesta se dio ante una consulta de la propia Sugese.
En el oficio enviado al INS, la entidad supervisora obligó al Instituto a enviar dicho dictamen de la Contraloría, a todos los ministerios de Gobierno y entidades autónomas, pues este establece el procedimiento correcto de contratación de seguros desde la ruptura del monopolio de los seguros, en el 2008.
Tal medida se ordenó porque, en el oficio enviado por el Instituto, en octubre del 2023, citó otros pronunciamientos de la CGR. En específico fueron resoluciones de apelaciones de procesos de contratación administrativa en entidades como Acueductos y Alcantarillados.