Costa Rica es dueño de un programa modelo a escala mundial para conservación del bosque y reforestación, pero que, según los empresarios, al final se vuelve perverso pues tiene recursos para pagar solo entre el 20% y el 30% de las solicitudes.
Se trata del Pago por Servicios Ambientales (PPSA), reconocido mundialmente y que requiere del cumplimiento de varios requisitos para acceder a sus recursos.
El problema radica ahí. Los propietarios de fincas con bosque no pueden utilizarlas ni para agricultura ni para explotación forestal, pues la ley no permite el cambio de uso de la tierra y el trámite para cortar árboles es muy largo y difícil. La salida es recibir pago por esa conservación.
Pero solo 20% lo logra y 80% que queda fuera son, sobre todo, campesinos incapaces de cumplir con los requisitos, denunció Néstor Baltodano, presidente de la Cámara Costarricense Forestal. Así, parte de quienes necesitan, quedan fuera de ese pago y, además, no pueden usar sus tierras, dijo Baltodano.
Sin salida. Los empresarios no le achacan la culpa de esto al Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo), sino a la escasez de recursos.
Datos de ese fondo indican que al abrir la recepción de pedidos este año, entre el 17 de enero y el 20 de febrero, llegaron solicitudes por 110.000 hectáreas y había presupuesto para 30.000.
La principal fuente de financiamiento del PPSA es un 3,5% del impuesto a los combustibles, lo cual le genera al Fonafifo unos ¢14.000 millones anuales, explicó Jorge Mario Rodríguez Zúñiga, director del Fondo.
También ha tenido recursos de dos empréstitos internacionales ya ejecutados y recibe un 25% del canon por el uso del recurso hídrico en industrias y otras explotaciones. Estos fondos se deben invertir en el cantón donde se generan.
La otra fuente es lo que logre generar Fonafifo por la venta de servicios derivados de las áreas con PPSA. El beneficiario cede a Fonafifo el aporte a la reducción (captura) de carbono que hace con los árboles y que se mide con un indicador internacional.
Empresas interesadas en ser carbono neutrales y que tienen prácticas en ese sentido completan su ciclo comprando las unidades cedidas por los beneficiarios del PPSA al Fonafifo. Se vende a $7,5 la tonelada. Actualmente, hay 80 empresas.
Finalmente, el país se unió a la REDD (reducción de emisiones por deforestación y degradación del bosque), creada en el 2005. Dos años después, se acordó agregarle a esta iniciativa la conservación/gestión sostenible de los bosques y aumento de las reservas de carbono forestal. Así nació REDD+.
Este programa permite a los países en desarrollo vender toneladas de dióxido de carbono y Costa Rica pretende ser de los primeros en ese comercio. Los recursos servirían para financiar el PPSA.