Llegamos al final del año calendario, momento para realizar un inventario de lo sucedido en el panorama tributario de los últimos doce meses. Este análisis lo realizaremos desde la óptica del contribuyente, tomando en cuenta las perspectivas que se tenían frente a la realidad de las experiencias que se vivieron.
Lo primero que habría que resaltar es el papel que puede jugar una reforma tributaria dentro de un ciclo electoral. No es nuevo que un gobierno saliente no quiera introducir leyes tributarias importantes para no afectar al candidato del partido que está en el poder. El temor es que nuevos o mayores impuestos determinen la pérdida de votos, sobre todo si las otras agrupaciones prometen no tocar el tema de los tributos.
Sin embargo, en ninguna campaña electoral habíamos presenciado un debate explícito y abierto del nivel que vimos esta vez. Y ganó nuevamente la tesis de convencer al votante con la promesa de no tocar el tema impositivo o bien de no hacerlo durante al menos dos años. Ahora vemos las secuelas: es urgente la reforma tributaria, pero el Gobierno se debate entre hacerla (e incumplir sus promesas de campaña) o no hacerla (y agravar con ello la situación fiscal del país).
Un tema relacionado con la reforma tributaria es la contención del gasto público. El votante-contribuyente entendió en campaña que no habría nuevos impuestos (al menos por un tiempo) y que se haría el mejor esfuerzo para contener el gasto del aparato estatal. De momento se ha cumplido con lo primero, pero no con lo segundo, ecuación inconveniente que agranda la brecha entre ingresos y gastos, con saldo negativo para la situación económica del país. La verdad, bajo la perspectiva de responsabilidad ciudadana, hubiésemos preferido lo contrario: que el Gobierno hubiese impulsado leyes de mayor recaudación y que a la vez se hubiese restringido el gasto público. Esa es la recomendación de los organismos internacionales y es lo correcto desde cualquier plano de análisis que podamos asumir.
Entonces, la conclusión es que el año que acaba puede calificarse como perdido o desaprovechado, en cuanto a encontrar una solución que ayude a estabilizar la situación fiscal y las finanzas públicas. Así, cabe preguntarle a nuestros gobernantes y legisladores: ¿cuál es el plan de acción para el año venidero? ¿Será otro año perdido o empezarán los cambios que el país necesita?