Las nuevas reglas de jubilación del IVM, que empiezan a regir el 11 de enero del 2024, provocaron que miles de trabajadores abran planes de pensiones voluntarias y por medio de ellos paguen millones a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para adelantar su retiro del régimen.
Contar con un plan voluntario en una operadora de pensión complementaria (OPC) es uno de los requisitos indispensables para quienes opten por la pensión anticipada del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
La Superintendencia General de Pensiones (Supén) y varias de las OPC consultadas por La Nación coincidieron, por separado, en que el mayor uso de este producto de ahorro está vinculado, principalmente, a las modificaciones en las reglas de retiro del sistema de la Caja.
Los datos confirman la tendencia. Hasta la primera quincena de diciembre, las operadoras transfirieron ¢20.000 millones de sus clientes para pagar al IVM, lo cual cuadriplicó el monto de todo el 2022, según la información brindada por la Gerencia de Pensiones de la CCSS.
Además, entre enero y la primera quincena de diciembre, la Caja confirmó que 933 personas concretaron el uso de un plan voluntario para adelantar la jubilación básica.
Sin embargo, Ubaldo Carrillo, director de Pensiones, dijo que proyectan 3.800 casos, con lo cual se superará por mucho la previsión de 1.000 trámites para el 2023. Además, en los 10 primeros días de enero del próximo año estiman recibir 1.500 trámites adicionales.
Carrillo comentó que saben de muchos casos en los cuales las personas abrieron un plan voluntario para anticipar el retiro y para el cual usan ahorros e incluso piden préstamos para ajustar el monto que deban pagar al IVM.
El ascenso reportado por la Caja se refleja en las operadoras de pensiones. “La opción de adelanto de pensión con un plan voluntario era poco utilizado hasta el momento en que la CCSS anunció los cambios en cuanto a edad, por lo que algunas personas abren el plan voluntario exclusivamente para poder trasladar el dinero a la Caja”, dijo Marco Vargas, Gerente General a.í. de BN Vital.
Una respuesta muy similar brindaron Laura Moreno, vicepresidenta de Relaciones Corporativas de BAC Pensiones; Róger Porras, gerente de Popular Pensiones; y Alejandro Solórzano, gerente de Vida Plena.
Fondos complementarios
Las estadísticas muestran la tendencia al alza. Hasta octubre anterior, 66.838 personas contaban con un fondo complementario y aportaban dinero a su ahorro individual mientras que, en enero del 2023, eran 59.196 lo cual implicó un incremento de 7.642 cuentas, según los datos publicados por la Supén.
Ahora, cuando los datos se desglosan por rangos de edad, las personas que están más cerca de la edad de jubilación del IVM (60 años en mujere; y 62 años en los hombres) concentran el mayor crecimiento porcentual.
En enero pasado, había 10.111 trabajadores mayores de 59 años con un plan voluntario, pero a octubre se elevó a 12.622 personas, es decir, 25% más en nueves meses.
“Es muy posible que exista una correlación entre el incremento de productos de pensiones complementarias voluntarias”, destacó la Superintendencia, pero reconoció que aún no han efectuado una verificación más exhaustiva.
Las estadísticas de la Superintendencia, la Caja y de las operadoras registran, por separado, el ascenso en la cantidad de personas que concretaron el adelanto de jubilación durante este año.
Incluso, la información refleja que se va rumbo a superar los 1.000 casos de adelanto proyectados por la Gerencia de Pensiones, para 2023. La Supén confirmó que, entre enero y octubre de este año, se consumaron 848. BN Vital, Popular Pensiones y BCR Pensiones tramitaron el 90% de ellos.
Sin embargo, tal dato se elevará. Róger Porras, gerente general de Popular Pensiones, dijo que tramitan 1.463 peticiones de certificados del monto ahorrado en el plan voluntario por parte de sus clientes, para ejecutar el retiro adelantado del IVM.
“Una parte importante del aumento de clientes aportantes (a un fondo voluntario) se relaciona con el adelanto de pensión”, aceptó Porras.
Cuando una persona efectúa el proceso de anticipación de retiro del IVM, debe entregar a la Gerencia de Pensiones de la Caja un oficio de su OPC donde se acredite que el saldo ahorrado es suficiente para pagar al IVM.
La Ley de Protección al Trabajador permite a un afiliado del Régimen Voluntario de Pensiones Complementarias utilizar sus ahorros para pagar por adelantar el retiro del IVM si aún no cumple los requisitos para jubilarse por vejez.
El adelanto de retiro pagado es exclusivamente para personas con 57 años, que cuenten con 360 cuotas acreditadas a la Caja, es decir, 30 años; y que en su plan tengan el dinero para cancelar el anticipo. La reglamentación limita como máximo la anticipación a cinco años.
La urgencia de muchos trabajadores de abrir un plan voluntario para realizar el adelanto de jubilación obedece a que, en enero próximo, esta posibilidad desaparece para los hombres. Ya no podrán retirarse a los 62 años, sino solo a los 65 años.
En el caso de las mujeres, el anticipo de pensión subirá a los 63 años, en lugar de los 60 años actuales, según la reforma al IVM aprobada por la Junta Directiva de la Caja, el 12 de agosto del 2021.
Más dinero
Otro elemento que confirma el fenómeno del mayor uso de planes voluntarios es la cantidad de dinero transferido por las operadoras a la Caja.
La Gerencia de Pensiones de la CCSS informó de que, de enero a octubre anterior, cinco OPC realizaron el pago de ¢20.000 millones para sus clientes al IVM. Dicho monto cuadriplica los ¢4.137 millones recibidos en todo el 2022.
Alejandro Solórzano, gerente de Vida Plena, explicó que la normativa permite a las personas mayores de 57 años la apertura de un fondo voluntario, sin la necesidad de un periodo mínimo de permanencia en una operadora.
Esta situación facilita, por ejemplo, que una persona pueda abrir un plan de pensiones con el objetivo exclusivo de pagar el adelanto del IVM.
Solórzano recalcó que el trámite, tanto de la apertura del producto como la transferencia del dinero, no tienen ningún costo para el cliente.
Simplemente se carga la comisión por administración del plan a la persona. La mayoría de las operadoras cobran una tasa anual de 1,50% sobre el saldo del dinero. Pero quien permanezca solo un mes se le cobraría 0,125% sobre el monto total de dinero.
Por ejemplo, si un trabajador deposita ¢10 millones en su plan voluntario, la comisión por permanecer un mes en la OPC sería de ¢12.500.