El Poder Ejecutivo anunció ayer que espera lograr la aprobación en el transcurso de este mes, o a más tardar el próximo, de nueve proyectos solicitados por el PUSC como condición para permitir la votación de los nuevos impuestos.
El grupo económico del PUSC se reunió ayer para evaluar el plan de garantías económicas y para determinar las prioridades socialcristianas en materia de ajuste estructural. La actividad la encabezó el excandidato Miguel Angel Rodríguez a quien acompañaron Carlos Vargas y Bernal Aragón.
"Mi esperanza es que esos proyectos estén aprobados antes de que termine el mes de julio, pero si los diputados van primero a un receso como se ha anunciado, espero verlos aprobados antes y eso sería a finales de junio", expresó ayer el primer vicepresidente Rodrigo Oreamuno.
El funcionario aseguró que es "absolutamente" posible que tales iniciativas sean votadas previamente o en forma simultánea a los nuevos tributos.
Oreamuno garantizó, inclusive, la sanción del proyecto de garantías económicas, iniciativa del excandidato socialcristiano Miguel Angel Rodríguez, que había sido reiteradamente objetado por diversos sectores oficialistas.
"Es un proyecto en el que trabajó un ilustre diputado liberacionista, don Federico Vargas, sobre una idea original de Miguel Angel Rodríguez. Nos parece un trabajo saludable y de un alto contenido cientifico", acotó.
Al mismo tiempo, se supo que el presidente José María Figueres y el expresidente Rafael Angel Calderón se reunieron ayer, en la casa del primero, en barrio Otoya. No se descarta que en esta cita ambos analizaran acelerar aspectos alusivos al pacto patriótico sobre el cual sostendrán una nueva reunión el próximo lunes.
Las declaraciones del Ministro de la Presidencia se produjeron simultáneamente a la exigencia planteada ayer por empresarios nacionales al Gobierno y a la oposición para que se obtengan resultados concretos en la cita del próximo lunes 12 de junio; a la vez se reconoció que hay volundad para la búsqueda de un arreglo entre las partes.
La posición de los sectores productivos, afirmó ayer el presidente de la Unión de Cámaras, Marco Ruiz, consiste en tres principios:
Y, como resultado de los dos pasos anteriores, el Congreso daría el visto bueno al aumento del impuesto de ventas de 10 a 15 por ciento.
Los alcances
Entre las iniciativas de ley cuya aprobación demandan los socialcristianos y que el Poder Ejecutivo espera aprobar en las próximas semanas se encuentran, entre otras, el plan de garantías económicas, la ley general de aduanas, la ruptura del monopolio de licores y las reformas financieras.
El Vicepresidente resaltó que esos y los demás proyectos han sido objeto de atención especial por parte de los legisladores de ambas fracciones en los últimos días y que ya casi existe el consenso necesario para su tramitación y aprobación.
Al tiempo que mencionaba la urgente necesidad de aprobar el plan que contiene los nuevos tributos y otros proyectos de reforma, Oreamuno reconoció que se ha reunido recientemente con con empresarios rojiazules muy cercanos al excandidato Rodríguez como Carlos Lachner y Oscar Saborío.
No obstante, aseguró que no conoce específicamente la existencia de ningún grupo organizado para discutir tales temas y alegó que también se ha reunido con empresarios liberacionistas y dirigentes de otros sectores para hablar del problema fiscal.
El jerarca gubernamental dijo que también se había citado con dirigentes de la Cámara de Comercio y de otros grupos, quienes hicieron ver su preocupación por los efectos que tendrá la elevación del impuesto selectivo de consumo.
En cuanto a las demandas de los empresarios, Ruiz agregó: "Estamos tratando de explicarle a ambos grupos (Gobierno y oposición) la situación del país y que no se puede ir más lejos del 12 de junio."
"Queremos presionar para que se den acuerdos contundentes para enfrentar esta situación", afirmó Ruiz ayer al ser consultado vía telefónica.
Tras esta declaración, reconoció que varios empresarios independientes y las cámaras han estado realizando conversaciones con el Partido Unidad Social Cristiana y con altos funcionarios de la Casa Presidencial para lograr encontrar un punto de consenso entre estos.
Cara a cara
Representantes del sector empresarial y el equipo económico del Gobierno se han reunido en las últimas semanas para buscar un punto de consenso en torno a la aprobación de impuestos y la eliminación de cargas, como el selectivo de consumo. La posición de los empresarios y el Gobierno se orientaba ayer de la siguiente manera:
Marco Vinicio Ruiz,
presidente de Unión de Cámaras
Debe acordarse la aprobación el próximo lunes 12 de junio, durante la reunión entre el expresidente Rafael Angel Calderón y el mandatario José maría Figueres el proyecto de garantías económicas, la elevación del impuesto de ventas de 10 a 15 por ciento y calendarizar la aprobación de varias iniciativas de ajuste estructural.
La Unión de Cámaras considera que la opción para elevar el impuesto de ventas únicamente para los próximos 12 meses no es recomendable y en ese caso prefieren una elevación permanente.
Solicitar, además, eliminar todos los impuestos "administrativos" como el aumento en los aranceles y el selectivo de consumo.
Rodrigo Oreamuno,
vicepresidente de la República
El Gobierno y la fracción oficialista harán todo lo posible por lograr la aprobación, durante los meses de junio y julio, de un grupo de nueve proyectos de ley que el PUSC demanda como condición para permitir la votación de los nuevos impuestos.
No favorecen la elevación del impuesto del ventas del 10 al 15 por ciento solo por un año, sino que demandan que sea permanente en vista de los recursos necesarios para cerrar la brecha fiscal.
Tampoco está de acuerdo en bajar el impuesto selectivo de consumo. Unicamente lo haría en el porcentaje del alza que se aplicaría en los próximos días. Accedería a aplicar una reducción de los aranceles a los productos importados, elevados recientemente.
Eliminar las medidas administrativas dictadas por el Poder Ejecutivo que aumentaron en 8 por ciento los aranceles y la decisión que incrementó el impuesto selectivo de consumo a 1.500 bienes.
Aprobar los proyectos de ajuste estructural en un plazo determinado y, principalmente, la iniciativa de garantías económicas.