Madrid. La crisis de la covid-19 generó un retroceso de dos décadas en los niveles de pobreza extrema en Latinoamérica y el Caribe, según un estudio elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Cepal, la Unión Europea y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
El texto advierte que la crisis derivada de la pandemia ocasionaron daños a un tejido social “extremadamente vulnerable, resultando en un significativo aumento de la pobreza y la desigualdad”.
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El informe determinó que los niveles de producto interno bruto (PIB) per cápita en Latinoamérica y el Caribe no volverán a los niveles prepandémicos hasta 2023 o 2024. Además de que la pobreza y la pobreza extrema alcanzaron en la región niveles no observados en los últimos 12 y 20 años, respectivamente.
Todo ello teniendo en cuenta que las políticas de demanda impulsadas por los gobiernos sirvieron para evitar pérdidas de vidas y aumentos de pobreza. Sin estas transferencias, el índice Gini –medidor de la desigualdad– habría aumentado un 5,6% con respecto a 2019, en lugar del 2,9% registrado.
Buena parte de esta desigualdad se explica por la fuerte presencia de la informalidad laboral en la región. Cuando estalló la pandemia en Latinoamérica, el 50% de los trabajadores tenía un empleo que contaba con un seguro social o no estaba reconocido en los registros formales de empleo.
Los hogares que perciban sus ingresos exclusivamente de la economía informal fueron los más afectados por la crisis, ya que perdieron sus empleos y los ingresos que obtenían con ellos. En promedio, el 45% de la población latinoamericana vive en hogares que dependen de este tipo de empleo, el 22% vive en hogares mixtos y el 33% vive en hogares que dependen de la economía formal.
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Asimismo, el fenómeno de la informalidad afecta de manera asimétrica a las economías de la región, ya que mientras Chile o Uruguay tienen menos de un impacto inferior al 20%. Mientras que en Bolivia, Honduras o Nicaragua supera el 60%.
En este contexto, los organismos recomiendan a las economías latinoamericanas promover opciones innovadoras de formalización laboral y reducir las brechas de cobertura social para proteger a mujeres, jóvenes, migrantes y otros colectivos vulnerables.
Ajuste fiscal será clave
Los organismos avisan de que no existe un enfoque o solución que garantice una recuperación sólida, sostenible e inclusiva. No obstante, una característica común para la recuperación es la necesidad de adoptar una secuencia claramente definida de medidas de política fiscal en materia de gasto, tributación y gestión de la deuda pública.
“La movilización de recursos para la recuperación requerirá esfuerzos a nivel nacional y una mejor cooperación y coordinación a nivel internacional, especialmente en lo que respecta a la deuda pública”, se explica en el informe.
A nivel nacional, el documento aconseja que los gobiernos latinoamericanos utilicen las políticas fiscales, sociales y de transformación productiva para construir un nuevo contrato social. En particular, deben considerarse debidamente los elementos de movilidad y de equidad intra e intergeneracionales, así como los desafíos asociados al cambio climático y a la transición hacia un modelo de desarrollo bajo en carbono.
En materia regional, el informe incide en que Latinoamérica está rezagada en términos de integración, ya que apenas el 14% de sus exportaciones permanecieron dentro de la región en 2019, y la proporción ha ido disminuyendo a un ritmo constante desde 2014.
Así, el fomento del comercio intraregional, la creación de cadenas regionales de valor y la mejora de la participación de la región en las cadenas mundiales de valor, a través de la conexión de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas con el comercio internacional son objetivos clave de política pública en el contexto del coronavirus.