El Instituto Nacional de Seguros (INS) destinará ¢10.000 millones a financiar el programa Mi primer empleo, con el que se pretende fomentar la contratación de 30.000 mujeres, jóvenes y personas con discapacidad en el sector privado.
La estrategia del Gobierno consiste en dotar de ¢1,4 millones a cada empresa que contrate a un trabajador con estas características y lo mantenga dentro de su planilla durante al menos un año.
El aporte del INS se hará en dos partes, una de ¢5.000 millones en el 2016 y otra igual en el 2017. Este dinero corresponde al 23% de todos los recursos que necesitará el Ejecutivo para impulsar el proyecto, cuyo costo total es de ¢43.680 millones.
¿Nueva función? La Ley Reguladora del Mercado de Seguros indica, en su capítulo cuarto, que el 75% de las utilidades después de impuestos de la institución se deben reinvertir en su operación y el otro 25% debe pagarse como un impuesto al Gobierno.
¿En qué categoría entra el fomento del empleo?
“Nosotros tenemos las utilidades del INS, a las que destinamos el 75% de nuestras ganancias. De ahí es de donde estamos sacando ahora ¢5.000 millones”, dijo Villalobos.
El presidente ejecutivo agregó que ese dinero es parte de los ¢500.000 millones de utilidades acumuladas por el INS a lo largo de sus años de operación.
Said Breedy, abogado especialista en seguros, dijo que los aportes que haga el INS al Gobierno deben estar amparados únicamente en lo que dicta la ley. Tomar recursos del resto de las ganancias o bajo otro concepto podría ser ilegal, explicó.
Villalobos discrepa de este criterio pues alega que existe un decreto del Ejecutivo que le permite a las instituciones hacer uso de estos recursos y aportarlos al programa.
“Tenemos un dictamen del departamento jurídico”, dijo.