La compañía canadiense Infinito Gold Ltd. solicitó anular el fallo del litigio contra Costa Rica por el cierre de la mina Crucitas, en la zona norte, por lo cual el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) estableció un comité especial (ad hoc) para analizar el caso.
La solicitud de la firma se presentó ante el CIADI en octubre del año pasado y el 6 de enero de este 2021 ese organismo decidió el establecimiento del comité, para analizar la petición de la empresa. Así consta en la base de datos de casos tramitados de este organismo adscrito al Banco Mundial.
En el informe se determina que el comité ad hoc estará constituido por D. Brian King, de Estados Unidos, como presidente; José Antonio Moreno Rodríguez, de Paraguay; y Deva Villanúa Gómez, de España.
La firma canadiense pretende reactivar el caso de arbitraje internacional, iniciado en el 2014, contra Costa Rica, por la decisión de cerrar la mina Crucitas y el contrato de concesión. El litigio se sustentó en el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones”.
El ministro de Comercio Exterior (Comex), Andrés Valenciano, explicó que Costa Rica ya tramitó mediante el sistema Sicop, de compras públicas, para contar con la adecuada representación legal y concretar la contratación de servicios jurídicos requerida en esta fase procesal.
Recordó que es posible presentar una solicitud de anulación de laudo bajo supuestos muy específicos y limitados. Asimismo, agregó, la fase de anulación de laudo cuenta con diferentes actuaciones como el intercambio de escritos de ambas partes, audiencia y atención de solicitudes del Comité de Anulación.
La minera reclamó al gobierno de Costa Rica una indemnización de $400 millones por el cierre de la mina Crucitas y el cese del contrato, en el 2011, para la explotación a cielo abierto de la mina, ubicada en Cutris de San Carlos.
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Sin embargo, en junio del 2021 el tribunal arbitral exoneró a Costa Rica y lo libró del pago de la indemnización solicitada por los presuntos daños comerciales. Ahora, la compañía busca la anulación de ese fallo y reabrir el caso de arbitraje internacional.
En junio del año pasado trascendió que el tribunal determinó que Costa Rica no le denegó justicia al inversionista, ya que los tribunales nacionales observaron correctamente los principios del debido proceso, y brindaron a Infinito acceso a las oportunidades de defensa necesarias.
Los integrantes del grupo de árbitros también concluyeron que es legítimo que el país se declarara libre de la minería metálica a cielo abierto, como un objetivo soberano para proteger el medio ambiente, aunque en aquella ocasión señalaron que se debía considerar si había contratos en desarrollo.