El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) sí podrá realizar el Censo 2022 porque la Asamblea Legislativa aprobó, en segundo debate, una ley que elimina la aplicación de la regla fiscal a los proyectos estadísticos y censos de periodicidad superior a los dos años.
La decisión de los legisladores libera al Instituto ¢8.600 millones necesarios para efectuar el Censo Nacional del próximo año. Dicho proceso implicaría una inversión estimada de ¢14.000 millones. El INEC ya invirtió en el proyecto censal cerca de ¢4.500 millones, entre el 2018 y el 2021.
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“La modificación aprobada (…) permite a la institución utilizar los recursos que tiene aprovisionados para la realización de estudios estadísticos y constituye una solución definitiva para la realización del Censo Nacional en 2022 y en las décadas siguientes”, destacó el INEC, en un comunicado de prensa, este viernes 29 de octubre.
La institución recalcó que quedará sujeta a la regla fiscal en su operación continua, pero eximida en los casos de estudios relevantes para el país y las políticas públicas, como el Censo de Población y Vivienda. Además del Censo Agropecuario, con una periodicidad decenal; la Encuesta de Ingresos y Gastos, realizada cada cinco años, entre otras.
“Este estudio (Censo 2022) beneficiará en primera instancia a la ciudadanía y poblaciones más vulnerables, de igual manera las instituciones públicas, gobiernos locales, organizaciones no gubernamentales, centros de investigación, organismos internacionales, empresa privada, academia y otros usuarios”, reafirmó en el comunicado.
El INEC tiene previsto iniciar el proceso de campo en junio del próximo año, es decir, el proceso de realización de entrevistas y recolección de datos en todo el país.
Entre los objetivos del censo están efectuar un análisis integral de la situación de los hogares del país y su impacto a raíz de la pandemia de la covid-19. Así como la situación del empleo en cada una de las comunidades del país.
Adicionalmente, el Censo 2022 creará 14.000 empleos directos, porque es la cantidad de personas prevista a contratar para el proceso de recolección de datos.
“El Censo genera eficiencia en el gasto público, pues permite actualizar la información del país para áreas geográficas pequeñas y visibilizar subpoblaciones para atención de las políticas públicas, que de otra forma no es posible captar como personas con discapacidad, población indígena, población adulta mayor, población migrante o población en condición de pobreza por distrito”, destacó la institución.
Cumplido el trámite legislativo, solo queda pendiente que el Presidente Carlos Alvarado firme la nueva ley, para que el INEC pueda hacer uso de los recursos.
La entidad pidió al mandatario, en el comunicado, refrendar con prioridad urgente dicha norma para continuar con las actividades y realizar el Censo 2022 según el tiempo planificado.