El Ministerio de Hacienda anunció ayer la presentación de una iniciativa de ley para imponer sanciones más altas al contrabando ilegal de bienes en Costa Rica.
El Proyecto de Ley para Mejorar la Lucha contra el Contrabando propone penas de hasta de 15 años de cárcel para quien realice trasiego de productos ilegales en el país. El máximo ahora es de ocho años de prisión.
Asimismo, el plan reduce el umbral del delito del comercio ilícito de $50.000 a $10.000. Dicho cambio fue la principal solicitud del sector comercial al gobierno de Luis Guillermo Solís.
En el 2012, la Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria aumentó de $5.000 a $50.000 el valor mínimo para que las autoridades judiciales persigan, por la vía penal, el comercio ilícito.
El cambio motivó que muchos posibles delitos quedaran impunes e incrementó el contrabando, dijo Francisco Llobet, presidente de la Cámara de Comercio.
La reforma planteada ayer es una de las medidas para aumentar la recaudación fiscal en un punto porcentual del producto interno bruto (PIB), detalló Fernando Rodríguez, viceministro de Hacienda.
La iniciativa se enviará, a más tardar, la próxima semana a la Asamblea Legislativa.
La propuesta legal se anunció ayer, luego de una reunión de jerarcas de Hacienda con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Detalle. Entre los principales cambios en las penas por contrabando, está el incremento de tres a 10 años de cárcel para quien realice comercio ilegal de medicamentos para uso humano y animal.
Rodríguez añadió que el proyecto propone sancionar el modus operandi de personas y grupos organizados. Por ejemplo, el transporte terrestre de mercancías que se ocultan en vehículos con forros dobles. En este caso, se crean sanciones penales de cinco a 15 años.
También se imponen multas de hasta $500 por la presentación incompleta de las declaraciones aduaneras, que se realizan durante las importaciones.
“Este es un proyecto sencillo, pero innovador. Sabemos que gozará de un buen ambiente legislativo, por lo que esperamos sea aprobado, de forma rápida, en el Congreso”, expresó Rodríguez.
Luis Mesalles, de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), dijo que el contrabando constituye una competencia desleal para el sector formal. Añadió que el trabajo de campo y el cruce de información de bases de datos son claves para el combate del comercio ilícito.