Mediante una nueva iniciativa denominada “Le dejamos trabajar”, el Gobierno pretende identificar los principales cuellos de botella que representan una barrera al crecimiento de los sectores productivos y la generación de empleo. Para ello, el Poder Ejecutivo consultó a diversos sectores privados cuáles son los principales obstáculos que enfrentan en cuanto a trámites.
La tarea está a cargo de la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, y el ministro de Economía, Industria y Comercio (MEIC), Francisco Gamboa, quienes se comprometieron a resolver la maraña institucional que afecta al consumidor y a las empresas.
En entrevista con La Nación, el jerarca del MEIC explicó que la iniciativa busca eliminar los excesos de trámites o cuellos de botella que no requieran de una ley, sino aquellos que pueden resolverse mediante directrices a las jefaturas o decretos. Una vez superada esta primera fase, también se consultará a los sectores productivos sobre iniciativas de ley que se puedan presentar a la corriente legislativa.
Entre los sectores consultados se encuentran comercio, industria, construcción, turismo, comercio exterior, inversión extranjera, agropecuario y el área de tecnología. Los representantes de estas actividades podrán enviar la información a más tardar el 15 de junio.
Una vez finalizado el plazo, se dará seguimiento a los trámites señalados y se implementarán las acciones necesarias para eliminarlos, en coordinación con los diferentes jerarcas, según señaló el MEIC, este miércoles 1°. de junio.
La simplificación de trámites ha sido una de las promesas y objetivos principales de los últimos gobiernos, que buscan la forma de eliminar los excesos burocráticos que se experimentan en el sector privado. Justamente, el primer proyecto de ley anunciado por el actual gobierno fue el de la Ley Reguladora de Trámites Administrativos.
La iniciativa reemplazaría a la actual Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, según explicó el vicepresidente de la República, Stephan Brunner, quien además detalló que la esencia del plan para acabar con la tramitomanía es crear mecanismos de comunicación entre las instituciones públicas.
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Tarea persistente
Las propuestas para eliminar trámites han sido una constante en las políticas de las últimas administraciones. En el gobierno de Solís Rivera, se planteó la Estrategia de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites, que para el 2016 ya reportaba alrededor de 75 procesos mejorados.
Asimismo, en diciembre del 2021, entró en vigencia la Reforma a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, que facultó la declaración jurada como herramienta de simplificación y otorgó rango de ley al Catálogo Nacional de Trámites, en el marco de la Ley 8.220, la cual ordena simplificar los trámites y requisitos establecidos por la Administración Pública frente a los ciudadanos, evitando duplicidades y garantizando en forma expedita el libre acceso a los servicios.
Gamboa señaló que actualmente están analizando la reforma, para hacer un balance de los aportes a la simplificación de trámites y las posibles carencias que contenga, con el objetivo de proponer los cambios necesarios que fortalezcan la legislación.
Durante el gobierno anterior también se llevó a cabo el proyecto Costa Rica Fluye, que se desarrolló entre el MEIC y la Asociación Horizonte Positivo con fondos de la Fundación Costa Rica-Estados Unidos para la Cooperación (Crusa) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Mediante un comunicado de prensa, el MEIC señaló que uno de los resultados del proyecto es un sistema digital de mejora regulatoria que permitirá que los ciudadanos participen en procesos de consulta de los resultados de revisiones de las regulaciones y sus trámites. Asimismo, en el marco de Costa Rica Fluye se revisaron 47 regulaciones y se generaron 28 propuestas de mejora regulatoria para análisis.
El viceministro de Economía, Christian Rucavado, dijo a La Nación que los resultados de Costa Rica Fluye fueron entregados por la Administración anterior a las instituciones respectivas y que las propuestas están incluidas en diferentes planes de acción; incluso, que algunas las tomaron en cuenta en los Planes de Mejora Regulatoria 2022.
“Con respecto a la metodología (Análisis de Impacto Regulatorio; metodología replicable en todas las instituciones y municipalidades) fue entregada el pasado 21 de abril a la Dirección de Mejora Regulatoria, para su uso o conocimiento de la Administración pública, la misma será valorada para el planteamiento estratégico de la dirección”, dijo Rucavado.