Gobierno alista proyecto para renovar fronteras

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El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) prepara un proyecto de ley que definirá los términos para la inversión de $100 millones que le prestará al país el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para modernizar los puestos fronterizos.

Es un desarrollo indispensable para agilizar la logística de exportación y aprovechar las oportunidades que abrirá para Costa Rica la ampliación del canal de Panamá.

Los $100 millones se repartirán en construir infraestructura en las cuatro fronteras existentes: unos $22 millones irán a la modernización de Paso Canoas y $8 millones a Sixaola. A la frontera norte, el país destinará $32 millones para Peñas Blancas y $12 millones para Tablillas, puesto recién creado.

Son proyectos para los que ya se tienen hasta los planos, pues fue uno de los requisitos para que el BID aprobara el préstamo, explicó el viceministro del Comex, John Fonseca.

Oportunidades. Con la ampliación del canal, barcos grandes como los Post-Panamax podrían llevar productos frescos, en menos tiempo y mejores condiciones, a países asiáticos. Esa nueva etapa será inaugurada en abril del próximo año.

Así, según la fundación Georgia Tech, la exportación de ese tipo de bienes frescos a destinos lejanos es una opción creciente que Costa Rica debe visualizar, pero que debe potenciar con una logística fronteriza más ágil.

Un estudio de esa entidad halló que los trámites que hoy se hacen en dos horas y media en Paso Canoas, podrían tardar solo 25 minutos con buena logística.

El Gobierno costarricense espera que el proyecto de aprobación del préstamo llegue a la Asamblea Legislativa en la segunda semana de octubre y, en un panorama ideal, que sea aprobado de tres a seis meses después.

“Se ha hecho mucho trabajo previo”, dijo Fonseca, en relación con el clima político que podría encontrarse la iniciativa.

El plan incluye redestinar el tributo que se recoge en Aduanas al pago del préstamo con el BID.

En la actualidad, los $5 que se recogen por cada persona que traspasa una frontera del país y los $25 que se le cobra a los exportadores, son dirigidos a gobiernos locales y al Consejo de Puestos Fronterizos.