La disputa entre el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y la Superintendencia General de Entidades Financieras por el acceso de datos sin anonimizar de deudores fue uno de los puntos discutidos en la reciente visita de evaluación hecha por la Misión Técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Ding Ding, jefe de la delegación, dijo que está enterado de que la disputa entre ambas entidades públicas está bajo análisis por la Sala Constitucional y debe esperarse su fallo, el cual respetarán.
La creación del indicador de riesgo climático, por parte del BCCR, es una de las metas del financiamiento del Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad, autorizado en noviembre del 2022, y que brinda acceso al país a un préstamo de $725 millones.
El vocero del Fondo explicó que cada meta del programa se vincula a un desembolso de recursos y, el indicador climático da derecho a un giro de $60 millones.
El jefe de la misión que este viernes 27 de octubre culminó en Costa Rica agregó que están dispuestos a conversar con el Banco Central para buscar una solución si, al momento de la fiscalización prevista, no es posible contar con el indicador de riesgo climático.
“Otra opción sería decir que, como la medida no se puede cumplir plenamente, se podría perder el desembolso”, apuntó
Sin embargo, Ding Ding fue enfático en que el indicador es muy importante dentro de las metas pactadas entre el FMI y Costa Rica, por lo cual simplemente no puede obviarse.
“Tendremos que ofrecer (al Directorio Ejecutivo del Fondo) alguna justificación muy contundente, porque necesitamos a nivel mundial contar con una cancha nivelada. No podemos revisar una medida cada vez que haya una dificultad”, subrayó este economista.
En junio del próximo año, durante la tercera y última revisión del programa de resiliencia, será cuando el Banco Central deba entregar el indicador.
Róger Madrigal, presidente del BCCR, dijo que el Fondo es consciente de las dificultades para generar el indicador. “Ellos saben que el tiempo sigue corriendo y no tenemos los datos. Esto eventualmente puede provocar un problema de cumplimiento en fechas”, recalcó.
Madrigal mencionó que el equipo técnico puede exponer el caso de Costa Rica ante el Directorio Ejecutivo del FMI para buscar una solución y brindar flexibilidad en fechas de entrega, no así en debilitar el objetivo de la meta.
El órgano técnico del FMI acordó este viernes la posibilidad de que Costa Rica tenga acceso a un total de $756 millones de financiamiento, de los dos préstamos que el país mantiene con el organismo internacional.
En específico, se trata del quinto giro por $271 millones del Servicio Ampliado del FMI (SAF), aprobado en marzo del 2021; y el segundo desembolso por $485 millones del Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad.
Así se pactó el indicador
El ente emisor planteó al Fondo, durante el año pasado, generar la estadística necesaria para identificar la cantidad de operaciones y el saldo de crédito otorgado a deudores en regiones de alto impacto de desastres naturales a raíz del cambio climático, contó Ding.
El vocero del Fondo explicó que esta meta se incluyó en el programa de financiamiento porque Costa Rica está entre los países con mayor impacto del clima.
El BCCR argumenta que para producir el indicador ellos requieren tener acceso a la identificación de la persona o empresa a la cual se le otorgó el préstamo.
“Las autoridades creen, y nosotros estamos de acuerdo, en que las pruebas de tensión (uno de los objetivos del indicador) serían muy útiles para analizar el impacto de los eventos climáticos en el sistema bancario, la estabilidad financiera y la toma de decisiones. Por eso acordamos incluir esto como una de las reformas del financiamiento”, contó Ding.
El representante del organismo multilateral dijo que el BCCR requiere acceso a datos nivel micro para poder crear el indicador. “Ahora, no hablamos (durante el año pasado) si estos datos debían ser no anonimizados, de ese tema no hablamos”, apuntó.
La negativa de la Superintendencia a entregar la información de deudores sin anonimizar provocó que el BCCR denunciara en el Ministerio Público a la jerarca Rocío Aguilar por el supuesto delito de desobediencia a la autoridad.
Al no obtener la información, el Banco Central recurrió a los cuatro principales bancos del país, el Banco Nacional, BAC Credomatic, el Banco Nacional y el Banco Popular.
El Banco Nacional fue el único que no dio la información. El ente emisor también denunció a Bernardo Alfaro, gerente de la entidad.