Competencia perfecta: Efectiva promoción de la competencia

Urgen cambios profundos a la legislación, a la institucionalidad y a los instrumentos con que se cuenta en este campo.

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Una asignatura pendiente para las políticas públicas es el diseño de medidas concretas que promuevan la competencia y la eficiencia de los mercados.

Existe abundante evidencia que señala que la promoción de la competencia, a través de medidas bien diseñadas y ejecutadas con determinación y entereza, además de generar beneficios a los consumidores, resulta ser un complemento ideal para políticas de fomento productivo, especialmente aquellas que promueven encadenamientos, mejoras en eficiencia y productividad y propician la innovación y los nuevos emprendimientos.

Varias investigaciones dan cuenta de importantes encadenamientos productivos desaprovechados a nivel local. Cuando se analizan con detenimiento muchos de esos casos, se descubre que se trata de mercados altamente concentrados, con participantes cuyo comportamiento afecta la libre concurrencia o en los que institucionalmente existen mecanismos, algunos de naturaleza gubernamental, que limitan la competencia.

Todos estos rasgos no solo imponen un costo adicional a los consumidores y a las actividades que pretendan vincularse a ellos comprando sus productos, sino que, además, inhiben la innovación.

Paradójicamente, en los mercados en donde la solución a la ausencia de condiciones competitivas condujo, en el pasado, a una muy fuerte intervención gubernamental, es dónde se presentan hoy más problemas pues, en ellos, estructuras de incentivos incorrectas asociadas con la propiedad estatal se tradujeron en altos costos, ineficiencia y, desdichadamente, búsqueda de rentas por parte de grupos de interés (léase: beneficios no asociados con su aporte al proceso productivo en términos de generación de valor, sino en virtud del control que ejercen sobre la gobernanza de las empresas o instituciones) que afectan la competitividad y la distribución del ingreso a nivel de toda la economía.

Urgen cambios profundos a la legislación, a la institucionalidad y a los instrumentos con que se cuenta en el ámbito de la promoción de la competencia. No es una tarea sencilla, pues hacerlo de manera efectiva implica evitar caer en las tentaciones intervencionistas alejadas de la realidad de los mercados y, sobre todo, afectar intereses de muchos actores que se benefician del status quo.