En días recientes, el ministro de Hacienda ha sometido al conocimiento de la sociedad costarricense lo que sin duda consiste en un acertado y comprensivo diagnóstico de la precaria situación de la condición de las finanzas públicas. Este diagnóstico no se limita a los aspectos de la Hacienda Pública y su endémico déficit, sino que además extiende su visión a los asuntos graves que atentan contra la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones, como consecuencia, entre otras causas, del mismo efecto del déficit fiscal.
Ahora viene una etapa de gran importancia para la sociedad civil, cual es la de participar activamente mediante las mesas de trabajo temáticas abiertas, para que quien lo considere oportuno participe en el proceso de contribución de insumos en relación con los asuntos de fondo que se tienen que resolver. Estos se resumen en: aumento de los ingresos fiscales mediante las vertientes del aumento en la eficiencia de la recaudación en la puesta en marcha en especial de las leyes 9068 y 9069; el cambio integral del sistema tributario en el modelo de impuesto sobre la renta mediante la globalización de las rentas, gravando de manera separada las rentas pasivas y las ganancias de capital. De igual manera se tratará la migración del arcaico sistema de impuesto de ventas a uno integral de valor agregado que incluya evidentemente los servicios, componente significativo del actual PIB de Costa Rica.
El valiente abordaje del tema de la cantidad y la calidad del gasto es particularmente remarcable en un momento donde –si se siguieran las tradicionales conveniencias del ciclo electoral– sería considerado políticamente incorrecto, pero, sin duda, un componente que tiene que ser abordado con responsabilidad económica sin perder de vista las consecuencias sociales de toda la reforma que se requiere en esta línea dolorosa del gasto, el cual se ha descrito como inflexible, debe llegar a ser cuestionado, evaluado y resuelto de cara al logro de una estabilidad de la economía en el mediano y largo plazo. Por lo demás, parece que debemos abandonar el síndrome del intento y de una buena vez dar el paso inevitable y modernizar nuestro sistema de gestión de la Hacienda Pública, asunto de todos allende fronteras ideológicas, usando estas como guías para lograr, más que para obstaculizar. Esto dará a la comunidad empresarial la seguridad legal de la que venimos sedientos los habitantes y que propulsará la creación de empleo, riqueza y bienestar.