El Régimen No Contributivo de Pensiones (RNC) cerró, en el 2021, por segundo año consecutivo en números rojos como consecuencia de la crisis fiscal del Gobierno Central y el golpe dado por la pandemia al sector privado.
El fondo que atiende a 134.000 personas pobres, en su mayoría adultos mayores, finalizó el año pasado con una pérdida de ¢14.951 millones, lo que implicó un incremento frente al 2020, cuando también tuvo un resultado negativo de ¢3.672 millones, muestran los estados financieros del sistema.
Al desequilibrio en el resultado de los dos últimos años se suma que las reservas del régimen, creadas para el pago de beneficios, se vieron disminuidas significativamente. La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), administradora del RNC, siempre guarda dinero al cierre de cada año para hacer el pago de pensiones al año siguiente. También lo hace como medida de previsión, si hay atrasos en el ingreso de recursos, en especial de transferencias del Gobierno.
Sin embargo, en el 2021, los recursos aprovisionados por la institución autónoma tuvieron un saldo de ¢7.752 millones en diciembre pasado. En tanto que, en el mismo periodo del 2019, el monto fue de ¢27.872 millones, se detalla en la información financiera del régimen.
“El gobierno debe garantizar el traslado de los recursos requeridos, caso contrario no se podría cumplir con las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022 (...) y sería necesario tomar medidas tales como disminuir el otorgamiento de las pensiones nuevas o incluso disminuir el monto de la pensión ordinaria a la totalidad de personas pensionadas”, se detalla en el Informe de metas del Plan Nacional de Desarrollo, elaborado por la Caja en marzo anterior.
El RCN se financia mediante el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) y mediante las transferencias del Gobierno. En los últimos dos años, Fodesaf vio reducidos los ingresos que perciben por los aportes patronales sobre planillas, y el Poder Ejecutivo también resultó afectado por los problemas fiscales y atrasos en la aprobación de créditos con organismo internacionales.
“Dentro de los principales obstáculos o limitaciones que se presentaron e incidieron en los resultados programados resaltan las dificultades por falta de financiamiento del Fodesaf y Ministerio de Hacienda, debido a la difícil situación económica que atraviesa el país, agravada por la pandemia Covid-19, llegando inclusive a suspender temporalmente”, reseña el análisis de la CCSS sobre lo ocurrido en los dos últimos años.
Beneficiarios sin efecto
A pesar de la estrechez financiera, el régimen cumplió con el pago de la pensión a la totalidad de los beneficios porque se les autorizó utilizar superávits de años previos, confirmó Ubaldo Carrillo, director de Pensiones de la CCSS.
“Cerrar (un año) con ¢5.000 millones o ¢6.000 millones de excedente presupuestario es complejo porque la planilla del mes siguiente son más de ¢13.000 millones. Entonces, si hay un atraso de las transferencias del Estado nos pone en un aprieto. Como cada vez tenemos menos superávit, dependemos de los recursos girados por el Ministerio de Hacienda”, explicó Carrillo.
Elian Villegas, ministro de Hacienda, añadió que el incremento del desempleo, a partir del 2020 por la pandemia, se dio una reducción en el ingreso por planillas. A su vez los ingresos tributarios del Gobierno también se vieron afectados.
“Para este 2022, no se está generando ningún atraso en el pago (al RNC) y las transferencias están totalmente normalizadas para llevar el programa de forma completa este año”, dijo el jerarca.
El Régimen No Contributivo fue creado en 1974 y su objetivo es brindar una pensión para las personas que no hayan cotizado a ningún fondo básico como el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el del Poder Judicial o el del Magisterio Nacional.
Hasta diciembre pasado, el sistema contaba con 134.656 beneficiarios, de los cuales el 96%, es decir 129.885 personas, en su mayoría adultos mayores en situación de pobreza, recibían una pensión de ¢82.000 mensuales. El restante 4%, o sea, 4.771, son personas con parálisis cerebral profunda, cuya cuantía mensual asciende a ¢307.571.
Recursos excepcionales
Para este año el régimen inició con un faltante presupuestario de ¢20.000 millones. El RNC tiene previsto ingresos por ¢170.159 millones durante este 2022, pero gastos por ¢190.170 millones.
La Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf), que administra Fodesaf, explicó que el aporte al RNC se están viendo afectados por el cumplimiento e interpretación del cumplimiento de la regla fiscal de la Contraloría General de la República.
El director de Pensiones reconoció que parte de ese faltante se llenó parcialmente con un aporte único por ¢16.000 millones correspondiente a un grupo de trabajadores con más de diez años de fallecidos de quienes no aparecen los beneficios del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) y el Fondo de Capitalización Laboral (FCL).
Una reforma a la Ley de Protección al Trabajador, aprobada en octubre del 2020, ordenó trasladar el dinero al RNC pasada una década en que el dinero no fue reclamado. Los recursos denominados como fondos erróneos están bajo la administración de la operadora complementaria del Banco de Costa Rica (BCR).
“Producto de la aprobación legal de los recursos que están en el ROP, de cuentas individuales de personas fallecidas o sin reclamar, el BCR nos depositó los ¢16.000 millones y cerramos la brecha presupuestaria con la cual iniciamos en el 2022″, subrayó Carrillo.
Sin embargo, el funcionario destacó que se trata de un aporte único y excepcional. “Tendremos que sentaros a negociar con el próximo Gobierno (de Rodrigo Chaves) para analizar profundamente el nivel de prioridades para garantizar la cobertura del Régimen No Contributivo. No podemos seguir caminando a un ritmo de 5.000 nuevas pensiones por año”, recalcó.
A finales del 2021, el Gobierno se comprometió a brindar la totalidad del financiamiento requerido para pagar las pensiones en curso y la entrega de los nuevos beneficios, mediante el oficio mediante oficio MTSS-DMT-OF-1561-2021, del Ministerio de Trabajo.