San José.
Costa Rica mejoró 21 puestos en ranquin del Doing Business 2016: midiendo la calidad y eficiencia regulatoria, elaborado por el Banco Mundial, estudio global que mide la facilidad para hacer negocios.
El país se ubicó en el puesto 58, desde el 79 el año anterior, en este indicador que analiza 189 naciones en el mundo.
Costa Rica además mejoró su calificación absoluta en una escala de 0 a 100, donde logró 68,55 puntos, casi cinco unidades más en comparación con el estudio anterior.
De hecho, el organismo internacional resaltó que Costa Rica fue la economía que más puestos subió en el ámbito mundial. Singapur se ubicó en el primer lugar de este escalafón, seguido de Nueva Zelanda y Dinamarca.
En la escena latinoamericana, el país fue superado por México (puesto 38), Perú (50) y Colombia (54).
"Este resultado significa que vamos a ser vistos como una economía en donde se están facilitando las cosas. A los inversionistas internos lo que les estamos diciendo es que el Gobierno se está preocupando por hacerles la vida fácil", dijo Welmer Ramos, ministro de Economía, Industria y Comercio.
Fundamento. El avance del país se fundamentó en que, en el último año, fueron aprobadas tres reformas que facilitaron trámites empresariales en obtención de electricidad, trámites crediticios y pago de impuestos, resalta el estudio.
"En el área de Obtención de Electricidad, el tiempo que le toma a un empresario costarricense para conectarse a la red eléctrica se redujo de 55 a 45 días durante el año pasado – lo cual es ahora más rápido que en Suecia", señaló el Banco Mundial, en un comunicado.
En materia de préstamos empresariales se facilitó la obtención de crédito empresarial con el aval dado a la Ley de Garantías Mobiliarias.
El organismo internacional también señaló que el país consiguió facilitar a las empresas, mediante pago electrónico, los impuestos de ventas y el de sociedades. Sin embargo, este último tributo fue declarado inconstitucional por la Sala IV en enero anterior.
"Este Gobierno hizo el Plan de Nacional de Simplificación de Trámites, donde tenemos 66 instituciones. La ley de garantías mobiliarias se aprobó en los últimos días del Gobierno anterior, pero eso no era suficiente sino que había que ponerla en ejecución. Hoy tenemos más de 6100 garantías mobiiliarias inscritas", añadió el ministro Ramos.
Las reformas destacadas por el estudio se aprobaron durante la actual administración de Luis Guillermo Solís. Sin embargo, el informe argumentó que en estos últimos cinco años, el país atraviesa por un proceso de reformas regulatorias y es el que más cantidad ha implementado en Latinoamérica, con 13 en total.
Pese al avance, Costa Rica se ubica entre los últimos puestos en tres de los 10 indicadores analizados, como es el caso de Protección a inversionistas minoritarios (166), Cumplimiento de contratos (124) e Iniciar un negocio (121).
El Banco Mundial también resaltó que el país avanzó en concepto denominado Distancia a la Frontera, que utiliza una puntuación de 0 a 100. Esta medida muestra lo cerca que cada economía está respecto a las mejores prácticas mundiales en la regulación empresarial. En esta medición Singapur tiene la mejor calificación con un 87.34.
En el caso de Costa Rica, el país obtuvo una puntuación de 68,55, en el informe de este año, frente al 63,59 del 2014. Es decir, el avance absoluto fue de 4,96. puntos.
En adelante, el Gobierno se plantea un plan de acción que conlleva medidas entorno a las debilidades que aún presenta el país. Por ejemplo, en el tema de la protección del inversionista minoritario, algo que está muy castigado en la actualidad. También, Costa Rica tiene más de 2.000 trámites que necesitan ser simplicados, explicó Ramos.
Cambios. El estudio de este año incluyó un cambio metodológico para incorporar, dentro del análisis, una medición de la calidad de las reformas aprobadas por cada país, junto con la eficiencia de los cambios.
El Doing Business 2016 introdujo cambios de metodología en el manejo de permisos de construcción, obtención de electricidad, registro de propiedades, obtención de crédito, protección de inversores minoritarios, comercio transfronterizo, cumplimiento de contratos y la resolución de la insolvencia.