La Contraloría General de la República (CGR) ordenó al Instituto Nacional de Seguros (INS) realizar una serie de modificaciones al cartel de la licitación del marchamo digital, para poder continuar con el proceso de contratación.
La entidad emitió esta instrucción al resolver seis objeciones presentadas al concurso de licitación, cuyo valor asciende a ¢4.860 millones. Cinco recursos fueron declarados parcialmente con lugar y uno fue aceptado completamente.
Puntualmente, las empresas cuestionaron aspectos del cartel, como omisión sobre la normativa aplicable cuando las ofertas se hacen en consorcio, especificaciones incompletas sobre los equipos a contratar, plazos de entrega extremadamente restrictivos e imposibles de cumplir.
Además, criticaron las imprecisiones técnicas recurrentes en el cartel que dificultan formular una oferta completa y, en caso de ser seleccionadas, cumplir con la entrega del equipo tecnológico.
En sus resoluciones, el órgano contralor señaló a la aseguradora pública que es necesario una definición completa e integral de los objetivos del proceso de contratación.
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Por ejemplo, la CGR recalcó que en el pliego de condiciones del proceso de contratación se indica que su objetivo es la adquisición de las etiquetas para el marchamo digital. Sin embargo, el cartel contiene cláusulas que sugieren la necesidad de ciertos equipos y software, pero sin especificaciones técnicas claras.
La entidad contralora apuntó que esto genera incertidumbre en los posibles oferentes, ya que desconocen cuáles son los requisitos específicos solicitados por la compañía pública.
En una de las seis resoluciones emitidas, se menciona: “La Administración (el INS) debe definir con total claridad en el pliego de condiciones, el objeto contractual del procedimiento bajo análisis, así como su respectivo alcance”.
Carlos Mejías, director del Proyecto Marchamo Digital, afirmó que algunas objeciones de los oferentes fueron aceptadas y resueltas antes de la decisión de la CGR.
“Realizaremos los ajustes al cartel de manera diligente, en el plazo establecido, para continuar con el proceso de licitación”, afirmó Mejías.
El funcionario descartó que las resoluciones del ente contralor sean un revés al proceso, sino una oportunidad para lograr mayor precisión.
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La aseguradora estatal inició en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), el pasado 9 de junio, el proceso de contratación de la empresa que provea los marchamos digitales para 1,8 millones de vehículos
La iniciativa usará el mecanismo de Etiquetas con Tecnología de Identificación por Radio Frecuencia (RFID, por sus siglas en inglés), que permite identificar objetos, en este caso vehículos, por medio de ondas de radio que brindan la posibilidad de captar cientos de objetos a la vez.
El INS espera recibir las ofertas de los potenciales proveedores hasta finales de este mes. El objetivo es que en el pago del derecho de circulación del 2024 se aplique la nueva tecnología.
El trámite de contratación se inició con base en un estudio de mercado “condensado” en siete páginas porque, según el Instituto, la totalidad del informe es confidencial por secreto comercial.
De hecho, Mejías reconoció que el análisis más detallado es solo para uso interno.