El Gobierno debe honrar, con prontitud, la deuda que ha acumulado con la seguridad social. Con el paso de los años, se ha ido acumulando una deuda significativa del Gobierno Central con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) relacionada no sólo con las contribuciones gubernamentales –como Estado y como patrono– a la seguridad social sino que, además, debido a los gastos asociados con la atención primaria; servicios que en el pasado eran provistos directamente por el Ministerio de Salud y financiados por los presupuestos públicos, y que en medio de penurias fiscales y en busca de eficiencia y economías de escala se trasladaron a la CCSS años atrás.
Al no cubrir adecuadamente estos gastos, el Gobierno no sólo deteriora financieramente al seguro de salud, sino que además falta a la normas más básicas de transparencia presupuestaria pues esa deuda significa que los déficit financieros en el pasado fueron mayores que lo reportado y que la deuda gubernamental es aún más alta de lo reconocido hasta ahora.
Para la CCSS la afectación de sus finanzas es significativa, aunque pueda parecer hoy que la entidad cuenta con las corrientes de ingreso necesarias para cubrir esos gastos, pues le añade un elemento de insostenibilidad adicional al seguro de salud en el largo plazo, a la vez que resta rentabilidad a unas reservas ya de por sí menguadas por el cambio demográfico, la informalidad y el mal desempeño del mercado de trabajo y los cambios en los patrones de morbilidad y la ampliación natural de los derechos de la población a coberturas de salud generalizadas.
Debe pagársele a la CCSS esta deuda, pero debe hacerse correctamente. Desde que José María Villalta –ex legislador del Frente Amplio– popularizó el grito de ¡Páguele a la Caja! ha sido común que se discuta, en el mundillo político local, recurrentemente en torno a esta deuda y la manera de pagarla o, mejor dicho, reconocerla formalmente.
Esta discusión ha sido, desgraciadamente, muy pobre. Pues, por un lado, los gobiernos de turno han evitado a toda costa definir el monto que se debe – hay disputas técnicas entre la CCSS y el Ministerio de Hacienda – y mucho menos han planteado una propuesta concreta y realista para reconocer ese pasivo gubernamental.
De esta forma, el mayor avance hasta el momento ha sido, que la Asamblea Legislativa determine en diversas operaciones de crédito externo que se dedique una porción de dichos préstamos a la amortización de una deuda cuyo monto se desconoce.
Una solución integral debería pasar, en primer lugar y por transparencia fiscal, por la determinación del monto que se adeuda; mientras que el “pagar” no requiere más que transferir a la CCSS el monto adeudado en instrumentos de deuda gubernamental emitidos en condiciones de mercado, de manera que la entidad los incorpore en la gestión de sus reservas.
El destinar un porcentaje de las operaciones de financiamiento externo al pago de esta
deuda no es suficiente, ni apropiado desde la perspectiva de la gobernanza y la gestión de la deuda gubernamental. En los últimos años se popularizó, como una salida al grito de guerra de ¡páguele a la Caja! el incluir en las leyes que autorizan la financiación externa del Gobierno para apoyo presupuestario, la obligación de transferir un porcentaje de los recursos desembolsados a la seguridad social con el fin de amortizar a la deuda acumulada con el paso del tiempo.
Este mecanismo, además de financieramente insuficiente, no sólo sigue sin atender el tema de transparencia presupuestaria de Gobierno y de sostenibilidad financiera de la CCSS sino que conduce, como en días recientes, a conflictos institucionales peligrosos e innecesarios.
En días pasados, algunos diputados plantearon – en medio de un ambiente político caldeado – que podrían obligar legalmente al Ministerio de Hacienda a trasladar el 40% de varios préstamos de apoyo presupuestario a la CCSS para el pago de la deuda que tiene el Gobierno con ella debido a la negativa de Hacienda de realizar amortizaciones de este tipo incluidas en préstamos externos previamente aprobado por el Legislativo. Ante dicha amenaza, el ministro de Hacienda replicó amenazando con desistir de dichos financiamientos si eso llegara a ocurrir.
Aunque las formas que adoptó esta discusión son, sin lugar a duda, deplorables y, desgraciadamente, signo del deterioro que están teniendo en los últimos meses los espacios de deliberación entre actores políticos, la verdad es que el ministro lleva razón.
Establecer vía la ley que autoriza un financiamiento externo que un porcentaje se destine a un fin específico es un sin sentido, pues compromete la planificación financiera del Ejecutivo en el sentido de cambiar el destino de una operación de crédito especifica y, además, olvida que en estas operaciones hay una contraparte externa con la que se ha negociado y pactado diversas condiciones, por lo que una modificación tan específica o significativa en sede legislativa es un despropósito.
Pero no se me mal entienda, si los diputados quisieran genuinamente resolver el tema de la deuda del Gobierno con la seguridad social deberían legislar, de manera concreta, en al menos tres sentidos: obligar a ambas partes a determinar el monto de lo adeudado, establecer un mecanismo para que el Gobierno entregue instrumentos de deuda en condiciones de mercado a la CCSS en un monto equivalente a lo adeudado y, muy importante, se asegure que en el futuro, los presupuestos gubernamentales que se aprueban cada año contengan correctamente todos los gastos que debe financiar el Gobierno Central.