Señalar que las finanzas gubernamentales están en condición crítica es, sin duda, redundante. Desde la perspectiva tecnocrática, el diagnóstico y la solución son claros, ambos están determinados por la aritmética simple de los ingresos menos los gastos, por el interés compuesto y por la urgencia de los ajustes.
Sin embargo, el problema es mucho más complejo, es político. Ante el menú de opciones proporcionado por el técnico, debe escogerse la mezcla de medidas que, más allá de la preocupación por su suficiencia, implica la nada trivial tarea de distribuir el peso del ajuste entre la población.
Esta tarea salomónica, la deben emprender los actores sociales en el marco de los espacios de representación democrática existentes.
Demanda del Ejecutivo la habilidad de proponer e impulsar con firmeza – ante el legislativo y frente a los grupos de interés – las acciones que devuelvan el equilibrio a los presupuestos públicos. Un estampado de “recibido” no es suficiente para dar por realizada la tarea, se requieren la negociación y el dar señales creíbles de compromiso con el ajuste, adoptando las medidas que sus potestades permitan y mostrando cohesión interna – i. e. entre los diferentes jerarcas y las posiciones ideológicas que puedan representar – en torno al objetivo de sostenibilidad.
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Del Legislativo exige transparencia y madurez. Transparencia para no convertirse en cámara de resonancia de intereses privados que, usufructuando de los resquicios reglamentarios o de los vacíos políticos, pretendan secuestrar los espacios democráticos de deliberación y decisión. Madurez para que sea el conocimiento y la búsqueda del bien común, los objetivos que guíen sus acciones y no el cálculo electorero de corto plazo, sobra decir, cada vez más difícil de rentabilizar en sociedades plurales y abiertas.
La historia esta llena de lecciones. La primera, es que la sostenibilidad fiscal no es un fin en sí mismo, se trata fundamentalmente de un acto de responsabilidad si lo que se pretende es garantizar que el Estado siga satisfaciendo, efectiva y eficientemente, las demandas legítimas de la población. Y segundo, que cuando por la atrofia de los mecanismos democráticos de decisión, las sociedades no alcanzan a ponerse de acuerdo, surge la crisis –implacable y brutal– elevando los costos del ajuste y distribuyéndolos mucho más injustamente.