Dos amenazas se ciernen sobre los impostergables acuerdos que los costarricenses debe procurar alcanzar sobre el rol y la estructura del Estado: el fiscalismo extremo y la intransigencia ideológica.
Para algunos, la reforma del Estado se vuelve un tema presupuestario, es decir, su énfasis debería estar en la reducción del gasto y en el cierre de programas e instituciones redundantes o irrelevantes.
Para otros, la discusión está en el plano ideológico; para los defensores de lo público el marco institucional termina siendo un garante de justicia e igualdad de oportunidades sin el cual imperaría la más descarnada selección natural; mientras que para los de la acera de enfrente, la intervención estatal no es más que un aparato opresivo ominoso e innecesario que cercena los beneficios que espontáneamente surgirían de la iniciativa y la capacidad de los individuos.
En los tiempos que corren, este debate está lejos de mantenerse en el plano de la razón utópica y, alimentado por la polarización de una sociedad esquizofrénica y paranoica, termina siendo un factor más de división y tribalización, que en nada contribuye con la lógica de transparencia, negociación y acuerdo que requiere la toma de decisiones en democracia.
Una reforma del Estado guiada por el fiscalismo extremo no funcionará, porque en el afán de reducir a toda costa los presupuestos públicos se terminará pasando por alto el necesario debate técnico y político acerca de lo que una sociedad como la costarricense requiere y espera de las instituciones públicas.
Sin esa necesaria deliberación, aunque quizás los presupuestos terminen achicándose en el corto plazo, difícilmente se cerrará el peligroso y preocupante déficit entre las crecientes demandas de los ciudadanos y la disminuida capacidad de la institucionalidad gubernamental para satisfacerlas.
Una reforma estatal surgida en la arena de la polarización y el extremismo ideológicos de poco servirá. Al final del día, el esbozo institucional que surja de ella no reflejará el resultado de un acuerdo saludable entre los diferentes actores políticos, sino la capacidad de vociferación e imposición de los bandos en contienda.
En ese escenario de división y crispación los principales ganadores serán justamente los grupos de interés –sindicales, empresariales y de otro tipo – que, aprovechando los vacíos de poder, el desenfoque estratégico de la política pública y la ausencia de incentivos apropiados seguirán extrayendo rentas ilegítimas del resto de la sociedad por medio de sus relaciones con las instituciones gubernamentales.