La gradualidad es vista como consustancial al estilo costarricense de enfrentar los problemas, incluyendo, el ajuste macroeconómico.
Para muchos es una virtud deseable que permitiría, en el caso de las finanzas gubernamentales, restituir con el paso del tiempo su sostenibilidad mediante acciones que entrarían en vigor paulatinamente, permitiendo dosificar sus costos y, presumiblemente, manejar la oposición de los sectores que se sienten afectados por ellas.
Sin embargo, una excesiva gradualidad entraña problemas, especialmente cuando los niveles de endeudamiento, los costos de financiamiento y el tamaño del ajuste son de tal magnitud que un proceso lento conduce a que surja, tempranamente, la temida fatiga del ajuste.
Como es natural, en la implementación de medidas de ajuste fiscal se empeña una buena dosis de capital político, con la esperanza de que un mejor desempeño macroeconómico y las expectativas más optimistas de consumidores y empresas terminen, si la fortuna sonríe, favoreciendo la percepción de la opinión pública acerca de la gestión de las autoridades.
Cuando el ajuste es lento, sus beneficios concretos tardan en materializarse conduciendo a que la fatiga del ajuste se presente, reduciendo el beneficio esperado de las reformas debido al deterioro de las expectativas, a la erosión de las medidas adoptadas – tanto por que su alcance es cuestionado judicialmente o porque se diseñan métodos para evitarlas – y, especialmente, porque los apoyos políticos que permitieron construirlas se debilitan poniendo en entredicho la continuidad y la secuencia de acciones necesarias para garantizar el logro del objetivo propuesto.
Este último elemento es particularmente relevante en tiempos de crispación política y de limitados espacios para acuerdos que antepongan los réditos colectivos a los privados. En un ambiente como éste, grupos políticos y de presión estarán poco comprometidos e interesados con una verdadera agenda de ajuste, porque en su miopía de corto plazo y excesiva avaricia, oponerse a ella les genera mejores resultados electorales y económicos mediante la captura ilegítima de rentas.
En los tiempos políticos que corren, los aparentes acuerdos políticos construidos en torno a un ajuste gradual suelen terminar siendo un espejismo, finalmente conforme el tiempo pasa, su efectividad corre el riesgo de erosionarse, transfigurándose nuevamente en posposición de las medidas que urgentemente se requieren.
Lo sucedido en Argentina en estos últimos meses es un buen caso de estudio para entender los verdaderos riesgos económicos y, especialmente, políticos que puede entrañar un proceso en donde la gradualidad es malentendida.